Por Jans Cavero*

No hay duda que con las declaraciones de Barata, se están confirmando las hipótesis de la fiscalía. El Ministerio Público en los próximos días debe acusar penalmente a todos los implicados en los sobornos de Odebrecht. La existencia del Club de la Construcción, el pago de sobornos de Odebrecht a testaferros a cambio de licitaciones y concursos públicos, el financiamiento de organizaciones políticas para campañas electorales, la transferencia de dinero desde la Caja de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a cuentas abiertas en paraísos fiscales, son pruebas irrefutables que demuestran la comisión de delitos.

Es por esta razón que la militante aprista Luciana León amenaza con presentar un proyecto de ley para limitar la aplicación de las detenciones preliminares. La bancada aliada del fujimorismo aplaude, la derecha respaldará la iniciativa, y las organizaciones políticas que son vientre de alquiler responderán de acuerdo a sus intereses del momento. De esta manera, Keiko, Toledo, Villarán, Lourdes Flores Nano, Humala, Kuczynski, el APRA, serán los grandes beneficiados. En este sentido, urge que la reserva moral del país se movilice y demuestre que el poder de la calle es quien detenta la soberanía nacional, tan igual como ocurrió con la ley pulpín.  

Con el trabajo de la Megacomisión se evidenció que Nava Guibert no es el doctor  con la reputación moral que pregonaba Velasquez Quesquén. Nava Mendiola y Transportes Don Reyna también aparecen en uno de los informes de investigación. Otros pesos pesados del entorno de Alan García que aparecen en los más de 5 informes parlamentarios son Hernán Garrido Lecca, José Chang Escobedo, Aurelio Pastor, Facundo Chinguel, Jorge Del Castillo, Miguel Hidalgo.

La gran virtud del grupo investigador fue apuntalar a la alta dirección política. Si la tesis es que en el Perú se roban el dinero público, resulta absurdo pensar que los ladrones son los servidores públicos de quinta categoría. Su talón de Aquiles fue, en cambio, chocar con los jefes, pues éstos movieron cielo y tierra para tumbarse a la Megacomisión. Así, los medios de comunicación ligados al APRA,  la clase política irresponsable, fiscales y jueces a sueldo, desarrollaron una campaña inmoral contra el trabajo de la Megacomisión. El gran logro de García fue la resolución judicial a su medida, la que evitó su acusación constitucional y posterior enjuiciamiento penal.

Alan García era socio de Nava Guibert en la empresa Popuventas. García era miembro del Comité Asesor Internacional del Grupo Español Abengoa, empresa que ejecutó el proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de Huaycán. Abengoa, además, solicitó la suscripción de convenios y adendas de estabilidad tributaria. Según el Reglamento de Régimen Interno del Consejo Asesor Internacional del Consejo de Administración, el cargo de Consejero Asesor es remunerado.

Lo más relevante es la relación García Barata. Ante la pregunta de si conocía a Jorge Simoes Barata, García responde: “Al señor Barata evidentemente lo conozco, porque es un gran gestos de muchísimas obras desde Olmos, pasando muy anteriormente, no él, pero su empresa Chavimochic, y durante el régimen de Alberto Fujimori también muchas cosas y durante el régimen de Alejandro Toledo también.” Conviene señalar que la Megacomisión concluye contundentemente: “Tanto Odebrecht como Unique están relacionados al estudio jurídico Nava & Huesa SCRL y a Transportes Don Reyna”.

Por cierto, entre los clientes del estudio Nava & Huesa se encontraban Rímac Internacional, Compañía Minera Atacocha, Unique SA, Productos Roche, Constructora UPACA SA, Casa Grande, Cartavio, Telmex Perú, Petrobras Energía Perú, América Móvil Perú SAC, MINSUR, y naturalmente la corrupta Odebrecht.

Vivimos en una coyuntura trascendental para la lucha contra la corrupción que amerita no bajar la guardia. El nuevo escenario es mejor y más favorable que hace 6 u 8 años atrás cuando brilló la Megacomisión, pues ahora se tiene aliados potentes: Por una lado, el respaldo de la ciudadanía asqueada de tanto latrocinio; por otro lado, está el apoyo político de Palacio de Gobierno. Contar con un marco normativo facilitador es de vital importancia; y, finalmente se tiene a fiscales y jueces valientes y tozudos para desmontar la estructura que permitió el robo sistemático del erario público. 

Si Alan García está procesalmente muerto para el caso Lavajato, con las declaraciones de Barata está más vivo que nunca en nuestras mentes y quedará, probablemente, en la historia de la lucha contra la corrupción como uno de los actores principales del caso Lavajato.  

 

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