Alfredo Palacios Dongo
 
El pasado día 13 el Ministerio de Cultura reporto alerta de robo en el Archivo General de la Nación (AGN) de 81 documentos oficiales históricos emitidos entre 1877 y 1890, de ellos, 30 resoluciones supremas del antiguo Ministerio de Hacienda y Comercio y 51 documentos oficiales del Ministro de Guerra y Marina (cédulas ministeriales, despachos militares) y otros importantes documentos, algunos firmados por Andrés A. Cáceres, dos veces presidente de la República y patrono del Ejército.
 
 
archivo sotano PJ
 
Este escandaloso robo de invalorables documentos oficiales históricos del AGN, se ve agravado por su recurrencia desde hace años, entre los últimos registrados, en noviembre 2018 fue robada una importante resolución manuscrita de octubre 1821 del Libertador José de San Martín como “Protector de la Libertad del Perú”, en enero 2019 desaparecieron 48 folios rotulados “Miguel Grau del 22 de noviembre 1877 al 10 de noviembre 1887”, en junio 2019 se reportó la pérdida de otro manuscrito emitido y firmado por Miguel Grau como Comandante General de la Marina, en octubre 2019 otra alerta de robo de un segundo manuscrito de enero 1822 del libertador José de San Martín, y el 6 de febrero pasado se conoció la sustracción, y su ofrecimiento en venta por internet, de un documento firmado en diciembre 1821 por el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.
   
El 21 de julio 2010, en el Santuario Arqueológico de Pachacamac, fue promulgada la ley 29565 creándose el Ministerio de Cultura al cual se integró el AGN con la gran responsabilidad de conservar y organizar nuestro histórico patrimonio documental, sin embargo en los últimos años está presentando serios descuidos en la labor archivística de control documentario (no se encuentra digitalizado) y de conservación (protocolos de seguridad en acceso y manipulación), habiéndose agravado la desatención de los repositorios y pérdida documental principalmente en las sedes Ex Correo (archivo Colonial y Republicano) y sótano del Palacio de Justicia (archivos públicos notariales y judiciales) en peligro de desalojo y con serios problemas de humedad y seguridad.
 
Bajo este panorama estamos ad portas del Bicentenario y corresponde al Estado fortalecer el AGN con acciones integrales como prever la construcción de un local propio y adecuado previsto de sistemas y equipos de conservación, digitalización, archivo y control y seguridad para esta entidad depositaria de nuestro patrimonio documental que constituye la memoria de la nación representada por documentos únicos e irremplazables que identifican nuestra identidad nacional.
 
Expreso, 29.02.2020