Alan Fairlie Reinoso   
 
La pandemia ha impactado significativamente en la educación, en términos de acceso y modalidades; acentuando la desigualdad. Uno de los principales desafíos a nivel de educación, ha sido continuar brindando servicios educativos pese a los cierres de las instalaciones educativas y restricciones como medidas para enfrentar la crisis sanitaria. En el caso latinoamericano, el limitado acceso a herramientas tecnológicas de los hogares vulnerables, ha sido una de las principales dificultades. Asimismo, estos hogares se enfrentan a condiciones estructurales y carencias, que obstaculizan continuar con su educación. En estas notas, hacemos un recuento de algunos hallazgos del estudio del BID.
 
 
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Incluso antes de la pandemia, la exclusión educativa ha sido una característica de la educación en América Latina y el Caribe, principalmente a nivel de la educación secundaria. Alrededor de 7.7 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar no eran parte del sistema educativo, y el 18% de jóvenes entre las edades de 15-17 años, no asisten a la escuela.
 
El estudio elaborado por el BID titulado “Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe”, concluye que las brechas ya existentes se han pronunciado aún más durante la crisis que estamos viviendo. Esto, debido al cierre de las escuelas (relacionado a los costos generados por el cambio hacia la modalidad virtual de la oferta educativa), y los impactos de la pandemia en la economía familiar (por las reducciones de los ingresos y empleos).
 
El incremento de la exclusión educativa debido a la pandemia, repercutirá más en las familias vulnerables y acentuará las brechas educativas y sociales preexistentes. A nivel de América Latina y el Caribe,  se estima que, alrededor de 1,2 millones de niños, niñas y jóvenes se encuentran en riesgo de salir de los sistemas educativos. Los más impactados son los de clase media vulnerable y familias pobres, y los adolescentes en edad de cursar estudios secundarios. Esto llevará a un retroceso en los logros educativos alcanzados, puesto que la tasa esperada de exclusión educativa se estima será de 22% (representa una década de retroceso, regresando a niveles del 2010 – 2012).
 
Asimismo, otra preocupación es que se ha incrementado el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan de manera remunerada, que tendrá efectos en su capacidad de conseguir un empleo. Entre los países más afectados, se encuentran Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. Este incremento puede generar impactos en la tasa de ocupación y sus ingresos futuros, lo cual se espera sea más severo en los hombres.  
 
Para hacer frente esta situación, el BID (2020) hace una serie de recomendaciones para mitigar dichos efectos en la educación. Respecto a los costos académicos, propone tres etapas en la respuesta: la primera etapa referida al cierre de escuelas, sugiriendo se aumente la capacidad de respuesta de los sistemas educativos mediante una mejor conectividad, infraestructura y contenidos educativos. La segunda etapa, consiste en realizar una transición hacia modelos de educación híbrida (combinando lo presencial con lo virtual), donde es clave acondicionar las escuelas para brindar las condiciones indispensables para una reapertura segura, gradual y progresiva, teniendo en cuenta la densidad estudiantil, zona geográfica y los niveles educativos.
 
Asimismo, estos nuevos modelos deben implementarse teniendo en consideración mejorar las competencias, el perfil docente e introducción de nuevas pedagogías mediante programas de formación para docentes. En segundo lugar, se deben mejorar las condiciones digitales y diseñar estrategias multicanal, mejorando la conectividad y equipamiento. Además, se tiene que fortalecer las plataformas y contenidos para el fortalecimiento de capacidades. Por último, generar datos para el seguimiento de estudiantes y reforzar los sistemas de gestión educativa.
 
La nueva normalidad post pandemia, es la tercera etapa. Se debe implementar una estrategia de innovación teniendo en cuenta la gestión del cambio y gobernanza, redefiniendo los elementos cruciales del servicio educativo con el objetivo de empoderar tanto a los estudiantes como docentes, mejorar los aprendizajes y reducir las diferencias.
 
Respecto a los costos económicos, se plantea fortificar e implementar ayudas directas a los estudiantes y sus familias, como parte de los programas nacionales de protección social. También, una campaña exhaustiva sobre los retornos de la educación a nivel de ingresos futuros e inserción laboral, entre otros.
 
Como se observa, los desafíos de la región son enormes. Los gobiernos deben asumir el reto, haciendo grandes esfuerzos para la adaptación de los sistemas educativos al nuevo escenario, promoviendo una reapertura gradual pero segura, con las condiciones sanitarias necesarias, además de procurar la nivelación y aceleración de aprendizajes de los estudiantes mediante los nuevos modelos planteados. También, diseñando y ejecutando políticas públicas, que a su vez fomenten una educación de calidad e inclusiva.
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[1] BID (noviembre,2020) Hablemos de política educativa #3: ¿Una década perdida?: Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe.