Frente a la crisis política y social que afronta el país, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se ha pronunciado en contra de la decisión del Congreso de la República de encargar una investigación “de carácter sumario”, en catorce días, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que eventualmente llevaría a la destitución de sus integrantes.
La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), General del Ejército de los Estados Unidos, Laura J. Richardson, llegó al Perú para reunirse con autoridades del gobierno y militares y de discutir la “duradera asociación de defensa de los Estados Unidos con las Fuerzas Armadas de Perú”.
La Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera, que preside el congresista César Revilla Villanueva (FP) aprobó ayer modificar los artículos 4, 10 y 12 de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron, con 17 votos, cero en contra y 1 abstención.
El Congreso de la República, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra en una frenética carrera y está acelerando el proceso de investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero hace la vista gorda sobre sus propios congresistas que son presuntos delincuentes, que serían desde ladrones de sueldo, corruptos hasta otros delitos y faltas que son desde hace mucho de dominio público, pero no merecen una investigación acelerada ni mucho menos la correspondiente defenestración por parte de dicho poder del estado.
El Consejo de la Prensa Peruana alertó el lunes sobre los peligros para la libertad de expresión que entraña una iniciativa gubernamental para sancionar a los instigadores de disturbios, y reclamó que dicha medida quede fuera de la propuesta presentada al Congreso.
Mientras los izquierdistas y prochilenos se deshacen en halagos al expresidente chileno Salvador Allende con motivo de un aniversario más de su suicidio, el 11 de setiembre de 1973, callan que este falso profeta avaló el uso de gas sarín contra el Perú. Este gas está prohibido por tratados internacionales, de modo que su uso no sólo que es inaceptable por cualquier persona demócrata, sino que es propio de criminales. A continuación recordamos el artículo escrito en noviembre de 2014 por Eloy Villacrez:
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), acordó exhortar a la Cancilleríaactivar los mecanismos diplomáticos pertinentes a fin de que el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, sea retirado de nuestro país en forma inmediata.
Revela Panorama
El presidente del Congreso Alejandro Soto presentó la misma tesis para obtener los grados de maestría y doctorado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), según revela un reportaje del programa dominical Panorama de anoche.
Diversas organizaciones internacionales condenan la pretensión del Congreso de la República (que tiene en sus filas a sancionados e investigados por diversos delitos y faltas) de avasallar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante una espuria investigación sumaria a sus miembros, que podría terminar con su destitución. Es decir, el Congreso, la institución con menor autoridad moral en el país busca someter al sistema de justicia.
El expresidente Martín Vizcarra prevé que la mandataria Dina Boluarte será destituida por ausentarse del Perú y ejercer sus funciones de forma remota.
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