Poder Judicial ordena a Telefónica pagar multa de S/.4 millones


El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó hoy que cobrará efectiva la multa por tres millones 949,200 nuevos soles a la empresa Telefónica del Perú por haber infringido las normas que regulan la libre competencia y la interconexión en perjuicio de a AT&T Perú, después que el Poder Judicial le dio la razón.


El litigio fue iniciado el 5 de junio del año 2001, cuando AT&T Perú, hoy Telmex del Perú, inició ante el Osiptel una controversia administrativa contra Telefónica, denunciando trabas que le impedían poder competir en igualdad de condiciones.

Sabotaje

Osiptel dio la razón a AT&T Perú el 16 de julio del 2002, al constatar que Telefónica del Perú había cometido seis infracciones, incluyendo el sabotaje de los medios de interconexión que unen la red fija de Telefónica y la red de larga distancia de AT&T, que generó llamadas sin Identificación Automática de Llamadas y saturó las centrales de AT&T Perú, por lo cual no pudo facturar las llamadas.

Por ser infracción muy grave, el  Osiptel impuso una multa por 400 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a un millón 440 mil soles actuales.

Telefónica también impidió a AT&T el acceso a los servicios de larga distancia con los números 108 y 109, por lo cual os clientes de AT&T llamaron por Telefónica del Perú. Por este sabotaje la multa ascendió a 270 UIT, es decir 972 mil soles actuales.

Otra infracción fue no transportar las llamadas que se originaban desde sus teléfonos públicos hacia los abonados de la telefonía fija de AT&T. La multa correspondiente fue de 151 UIT.

Con otras tres infracciones contra AT&T, se impuso a Telefónica del Perú en total una sanción por 1,097 UIT, precisó el regulador.

El 3 octubre del 2002 Telefónica interpuso una demanda ante el Poder Judicial solicitando la nulidad de las sanciones de Osiptel, proceso que recién culmina con la ratificación de la multa.

Esperemos que Osiptel actúe de la misma forma no sólo para defender a una empresa, sino a los usuarios afectados por el servicio de las compañías operadoras de telefonía.