SNI: Código de Consumo podrá ser perfectible
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) afirmó que la aprobación del Código de Consumo por parte de la Comisión Permanente del Congreso es un avance importante en materia de defensa de los consumidores, y como cualquier norma legal, podrá ser perfectible en el tiempo a la luz de los resultados que se puedan evidenciar durante su aplicación.
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La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) afirmó que la aprobación del Código de Consumo por parte de la Comisión Permanente del Congreso es un avance importante en materia de defensa de los consumidores, y como cualquier norma legal, podrá ser perfectible en el tiempo a la luz de los resultados que se puedan evidenciar durante su aplicación.
Precisaron que el texto legal recoge importantes avances en materia de protección a los consumidores en temas sumamente sensibles como salud, educación, servicios públicos, entre otros, propuestas que fueron respaldadas en su momento por los representantes del gremio industrial.
Sin embargo, señalaron que existen algunos temas que aun generan preocupación en cuanto a la forma como serán aplicados y utilizados. Así, en lo relativo estrictamente al sector industrial, hicieron referencia al Libro de Reclamaciones que debe existir obligatoriamente en los establecimientos comerciales. “Hay que tener en cuenta que el 98% de las empresas en el Perú son las MYPE, por lo que deberá realizarse una exhaustiva campaña de difusión sobre el manejo de este registro, de manera que ese mecanismo no se vuelva complejo y sea considerado como un obstáculo más para su formalización”.
De igual forma, los industriales hicieron referencia al numeral que dispone el etiquetado de alimentos transgénicos, señalando que esa exigencia va más allá de lo dispuesto por el Codex Alimentarius. Ello, en consecuencia, podría ser invocado por nuestros socios comerciales como un obstáculo técnico al comercio, independientemente de los mayores costos que se generarían. En lo que se refiere al etiquetado de las grasas trans, el texto no ha contemplado un plazo para su implementación, vacío que se deberá cubrir para que las empresas puedan cumplir adecuadamente con la norma.
Asimismo, señalaron que la puesta en vigencia de la norma debe ir acompañada de una campaña de difusión, tanto a consumidores como proveedores, sobre los alcances del Código, sobre todo en el interior del país en donde existe un elevado porcentaje de informalidad y desconocimiento de la ley. “Se debe realizar un proceso educativo a todo nivel, ya que el trabajo normativo realizado no tiene como objetivo la aplicación de sanciones de manera indiscriminada, sino la formación y protección de los consumidores”, manifestaron.
Sin embargo, señalaron que existen algunos temas que aun generan preocupación en cuanto a la forma como serán aplicados y utilizados. Así, en lo relativo estrictamente al sector industrial, hicieron referencia al Libro de Reclamaciones que debe existir obligatoriamente en los establecimientos comerciales. “Hay que tener en cuenta que el 98% de las empresas en el Perú son las MYPE, por lo que deberá realizarse una exhaustiva campaña de difusión sobre el manejo de este registro, de manera que ese mecanismo no se vuelva complejo y sea considerado como un obstáculo más para su formalización”.
De igual forma, los industriales hicieron referencia al numeral que dispone el etiquetado de alimentos transgénicos, señalando que esa exigencia va más allá de lo dispuesto por el Codex Alimentarius. Ello, en consecuencia, podría ser invocado por nuestros socios comerciales como un obstáculo técnico al comercio, independientemente de los mayores costos que se generarían. En lo que se refiere al etiquetado de las grasas trans, el texto no ha contemplado un plazo para su implementación, vacío que se deberá cubrir para que las empresas puedan cumplir adecuadamente con la norma.
Asimismo, señalaron que la puesta en vigencia de la norma debe ir acompañada de una campaña de difusión, tanto a consumidores como proveedores, sobre los alcances del Código, sobre todo en el interior del país en donde existe un elevado porcentaje de informalidad y desconocimiento de la ley. “Se debe realizar un proceso educativo a todo nivel, ya que el trabajo normativo realizado no tiene como objetivo la aplicación de sanciones de manera indiscriminada, sino la formación y protección de los consumidores”, manifestaron.
