Ya no habrá pena suspendida para delitos de peculado y colusión, los más frecuentes en la administración pública
La Contraloría General de la República (CGR) logró la aprobación de su proyecto de ley para dar cárcel efectiva a los funcionarios públicos que cometen los delitos de peculado y colusión, eliminando para ambos casos el beneficio de la suspensión de pena.
En el periodo 2009 -2014, de 482 sentencias por delitos de corrupción denunciados por la CGR, solo 25 recibieron pena de cárcel efectiva. Un grupo de 457 funcionarios públicos no fueron a prisión porque fueron sancionados con “pena privativa de la libertad suspendida” pese a la gravedad de sus actos.
El peculado y la colusión son los delitos más frecuentes contra la administración pública sancionados por el Código Penal. El peculado es la apropiación o aprovechamiento indebido de los recursos y bienes públicos por parte de los funcionarios encargados de su custodia, mientras que la colusión es la concertación que realiza el funcionario público, coludiéndose con otro o un tercero, para defraudar al Estado.
Con la aprobación de esta propuesta presentada por la Contraloría General, no se repetirán en el país casos emblemáticos de corruptos cuyos delitos quedaron sin recibir una sanción ejemplar, proporcional a la magnitud del delito que cometieron en perjuicio del país.
Como se recuerda, en el caso del exalcalde de la Municipalidad Distrital de Acobamba y actual presidente del Gobierno Regional de Huancavelica, quien por cometer el delito de peculado doloso al haberse apropiado de más de 1 millón 287 mil nuevos soles de la obra carretera San Juan de Villa Rica - Llacce II Etapa, solo fue sentenciado a dos años de pena privativa de la libertad suspendida. Otro caso emblemático es el de la Municipalidad Distrital de La Encañada-Cajamarca donde el ex alcalde y el ex gerente general cometieron irregularidades en la adquisición de bienes por lo que fueron sentenciados por delito de peculado doloso y culposo y una reparación civil de un millón 500 mil nuevos soles, pero con una pena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida.
En ambos casos, los funcionarios no fueron a prisión por decisión de los jueces que los sancionaron de manera benigna, generando una sensación de impunidad que no se volverá a repetir toda vez que la propuesta de la Contraloría, aprobada por el Congreso, tendrá un innegable efecto disuasivo.
