Constructoras en inmuebles de uso privado
La Comisión Permanente del Congreso de la
República aprobó la creación de una Central de Información de Riesgos de
Empresas Constructoras de Inmuebles para Uso Privado, de manera tal que, en
adelante, los usuarios y consumidores podrán contar con libre acceso a la
información sobre la trayectoria empresarial de la empresa con la que desean
contratar.
El congresista Yonhy Lescano, presidente de
la Comisión de Defensa del Consumidor, al sustentar el dictamen señaló que esta
medida responde a las constantes denuncias acerca del incumplimiento o
cumplimiento parcial o defectuoso de las empresas constructoras e
inmobiliarias, atentando contra los derechos consagrados en la legislación
vigente, principalmente en la Ley de Defensa del Consumidor.
Sostuvo que el sector de construcción inmobiliaria se encuentra en su mejor momento y que ese mercado ha experimentado un crecimiento de hasta un 14%, mientras que la economía creció apenas un 7%.
En ese sentido, justificó la creación de un
registro de información de riesgos, de carácter público, a cargo del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuya finalidad es recopilar, procesar y
difundir información sobre los antecedentes, sanciones y evolución empresarial
de las empresas dedicadas a la construcción de obras civiles.
De esta manera, comentó, los usuarios y
consumidores tendrán acceso gratuito a información precisa sobre el
comportamiento de las empresas constructoras y podrán escoger a las que reúnan
las condiciones de confiabilidad y seriedad requeridas.
Señaló que para el efecto, la comisión tomó en cuenta las numerosas denuncias públicas de usuarios disconformes o que alegaban haber sido estafados por una empresa constructora.
Informó que los principales motivos de
queja son por incumplimiento en la entrega de inmueble en la fecha indicada o
cumplimiento defectuoso ―los acabados del inmueble no son los ofrecidos, fallas
no esperadas, área del inmueble no es la ofrecida, etc.― todo lo que conlleva a
una falta de credibilidad de las empresas constructoras o inmobiliarias.
El congresista Lescano dijo que el dictamen
aprobado busca darle garantía a los consumidores para que suficientemente
informados puedan proceder a tomar una decisión de consumo adecuada, a la vez
que lamentó que hasta el momento, a diferencia de otras legislaciones, nuestro
país no haya contado con un mecanismo que certifique la calidad del trabajo de las empresas constructoras ni mucho
menos que indique si las mismas han tenido una buena gestión administrativa.
Con esta propuesta se busca otorgar un
mecanismo de transparencia y de simetría de la información que debería existir
en el mercado inmobiliario, tal como lo garantiza la Ley de Protección al
Consumidor y el artículo 65º de la Constitución Política del Estado, concluyó
el legislador.
El dictamen fue aprobado por mayoría de la
Comisión Permanente y por decisión de esa misma instancia fue exonerado de una
segunda votación, por lo que se encuentra expedito para ser promulgado por el
Poder Ejecutivo.
