La primera apertura del gobierno a la actividad de restaurantes fue acertada permitiendo sólo el reparto de comida con sus propios trabajadores en planilla, lo cual permitía un buen control no sólo de higiene, sino del cumplimiento de sus derechos laborales y era una forma más segura de reparto frente a la informalidad o el delito.
Una típica aglomeración de repartidores de Rappi, Glovo y otros, que son puntos de suciedad
Ahora el ministerio de la Producción publicó la Resolución Ministerial N.° 163-2020-Produce, que faculta a las empresas que trabajan con aplicativo, es el caso de Glovo, Rappi y otras, a realizar el reparto a domicilio de comida, estableciendo normas sanitarias básicas debido a la pandemia del coronavirus COVID-29.
El problema es que todos sabemos lo que está detrás de esas empresas repartidoras: cajas de reparto mugrosas, trabajadores explotados, sucios, mal preparados, tugurización de calles y aprovechamiento por parte de la delincuencia para camuflarse como repartidor de estas empresas para tener lugares donde estudiar cómo perpetrar sus actos ilícitos.
Sabiendo que la burla es la norma, ¿quién va a revisar si efectivamente las cajas de reparto fueron bien desinfectadas? Incluso a veces se ha visto a los repartidores, especialmente venezolanos, limpiarse los mocos con la mano y continuar tocando la caja y sus motos o bicicletas sin ninguna consideración para los usuarios.
La norma establece “evitar” aglomeraciones de los repartidores alrededor de los restaurantes, pero lo que no dicen es que ellos suelen invadir las calles en diversos lugares donde se congregan a esperar ser llamados y estos lugares se han convertido en puntos de mugre e infección: escupen, orinan cerca y atraen a delincuentes que se camuflan entre ellos con cajas de la marca de la empresa, los cuales aprovechan estos paraderos informales como punto de observación para perpetrar sus asaltos, como la Policía bien lo señala.
¿Por qué estas empresas que se enriquecen con sólo un aplicativo y no gastan ni siquiera en locales? Estas transnacionales deberían estar obligadas a alquilar cocheras (pero para que repartan todo lo que no sea comida, alimentos ni productos de higiene) donde sus repartidores esperen, así no ensuciarían las calles ni crearían más desorden e inseguridad, pues son costos que se cargan a la Policía, que tendría ahora que controlar las aglomeraciones y a las municipalidades, que tienen que lidiar con estos hechos, y por tanto, es un perjuicio para los vecinos, que ven sus distritos más sucios, desordenados e inseguros.
Definitivamente, estos repartidores podrán ser vectores del coronavirus y de otras enfermedades.
Artículos relacionados
Se necesita multar a quienes contaminan espacios públicos para luchar contra el coronavirus
