Proyectos de ley 5706 y 5881, que proponen ampliar el proceso de formalización minera, fueron aprobados en el Pleno del Congreso pese a opiniones en contra del Minam y Minem, así como de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
 
dragas aguaytia
En carta enviada al presidente Francisco Sagasti, 15 organizaciones civiles piden que se observe la autógrafa de ley.
 
El pasado 30 de junio, el Pleno del Congreso aprobó los proyectos de ley 5706 y 5881, que proponen ampliar una vez más el plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), respectivamente.
 
Según el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades vinculadas con Áreas Claves de Biodiversidad, que agrupa a 15 organizaciones civiles, los proyectos de ley fueron aprobados sin tener en cuenta las opiniones en contra del Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como del rechazo de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
 
Las organizaciones coinciden en que una nueva ampliación de este proceso incentiva la práctica de la minería ilegal que en los últimos años ha destruido, y sigue destruyendo, espacios ricos en biodiversidad como la Amazonía. Cabe recordar además que estas actividades atraen otros delitos como la trata de personas, la delincuencia, el crimen organizado, entre otros.
 
El observatorio, además, resaltó que esta sería la cuarta vez que se amplía este proceso. Asimismo, señaló que estos proyectos de ley afectan “la lucha frontal contra la minería ilegal, puesto que son exentos de responsabilidad penal todos los mineros inscritos en el REINFO” y significan una “traba funcional para los Fiscales Especializados en Materia Ambiental (FEMA)” porque “genera impunidad y, por tanto, ineficiencia y neutralidad de los operativos de interdicción contra la minería ilegal”.
 
También afirmó que estas iniciativas “no aseguran un desarrollo sostenible de la pequeña minería y minería artesanal. Por el contrario, perjudican a los mineros que ya vienen formalizándose y que forman parte de este registro (cumpliendo los requisitos y exigencias de la norma que regula este procedimiento)”. Finalmente, pidió al presidente Francisco Sagasti observar la autógrafa de ley.
 
El observatorio está integrado por Apeco, Biodiversity KU, Corbidi, DAR, ECA Chayu Nain, FZS Perú, Instituto del Bien Común (IBC), Nature and Culture International (NCI), Practical Action, Profonanpe, Pronaturaleza, Red de Conservación Voluntaria de Amazonas (Red AMA), SEPAR, SPDA y Yunkawasi.
 
 
Otros proyectos
Cabe recordar que el Congreso estaría a punto de debatir y aprobar otros proyectos de ley que, entre otras propuestas, intentan legalizar el uso de dragas en la pequeña minería y minería artesanal. Estas herramientas fueron prohibidas en debido a que ocasionan graves impactos ambientales.
 
En el dictamen, que agrupa hasta 9 proyectos de ley, se especifica que los mineros que trabajan en cursos de agua “podrán emplear equipos como la balsa gringo, balsa traca, carancheras y cascajeras, así como equipos similares, cuya potencia no debe exceder de los 100 hp, además del uso de mangueras de succión”. El uso de estas herramientas fue prohibida en el 2012, a través del Decreto Legislativo 1100.