Moquegua, Tacna y el ausente diálogo político

Por Humberto Campodónico

 
Los disturbios en Tacna por el voto en el Congreso del Proyecto de Ley sobre la distribución del canon minero revelan, una vez más, que los problemas del país son bastante más complejos que pronunciar eslóganes del tipo "vamos a seguir creciendo", "estamos blindados", "vendrán US$ 9,000 millones en inversión minera".

Canon Moquegua y Tacna (en millones y porcentajes)
  2005(%) 2005 2008 2008(%)
Tacna 50.4% 151 712 77.0%
Moquegua 49.6% 149 212 23.0%
Total 100% 300 924 100%


Quedaba claro que si la población de ambas regiones estaba movilizada en defensa de lo que cada cual cree que es "su" canon, cualquier resultado hubiera sido mal recibido por el perdedor. Con la primera votación de ayer, el canon minero de Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna) se va a repartir según el valor de venta del concentrado de cada concesión, a ser consignado por la empresa en cuentas separadas.

La modalidad anterior de repartición se hacía, para decirlo en términos simples, en función del volumen de tierra removido en cada mina. Como, por cuestiones técnicas, en Toquepala en los últimos tiempos se mueve más tierra que en Cuajone, Tacna recibió más canon (el 77% en el 2008), lo que provocó el moqueguazo de junio pasado. Sin embargo, la mayor cantidad de tierra removida no significa necesariamente que se produzcan más concentrados, que es el mineral que se vende.Así, Cuajone y Toquepala producen más o menos la misma cantidad de concentrados.

Este problema se conoce desde hace tiempo, pero ni el Ministerio de Energía y Minas ni el de Economía y Finanzas lo encararon. Hasta que explotó. Ahora bien, la repartición del canon del proyecto de ley votado ayer es, en apariencia, la más equitativa. El problema es que no aborda los problemas de fondo.

El primero es que hay una ausencia total de proyecto común de nación en las diferentes regiones, no solo en Moquegua y Tacna. Cada cual quiere "su" canon —que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas— y no lo quiere compartir. Esa fue una de las razones del fracaso de los referéndums para las macrorregiones en el 2005: Cajamarca quiere el canon de Yanacocha; Áncash el de Antamina y Barrick; Cusco el de Camisea. Y así.

Todos desconfían del gobierno central y piensan que la mejor manera de lograr el desarrollo es aprovechar "sus" recursos. Así como cada aportante de las AFP tiene "su" libreta individual y se jubila por su cuenta no importándole el vecino, cada región defiende a muerte "su" canon. Lo que pasa con el resto del país interesa poco. Y si hay que pelearse con el hermano, sea. Ese es el legado del neoliberalismo.

Esto cobra mayores dimensiones porque la extraordinaria alza de precios de los minerales ha multiplicado el canon, generando una bonanza que es vista como la solución a las demandas postergadas por décadas por el gobierno central. En Moquegua y Tacna los ingresos por canon no se pueden invertir en su totalidad porque son tan grandes que sobrepasan la capacidad de inversión. Aunque, ciertamente, esta ha aumentado de manera notable: del 2005 al 2007, las inversiones de los gobiernos regionales de Moquegua y Tacna pasaron de S/. 35 millones a S/. 72 millones y de S/. 41 millones a S/. 74 millones, respectivamente.

La solución no es fácil. Pero hay alternativas. En Colombia, por ejemplo, el 32% del canon se reparte entre los departamentos que no producen el recurso natural y el 68% restante se distribuye entre los productores. Aquí no. Todo el canon se reparte únicamente en la región donde se produce el recurso. Este es un primer cambio a lograr, en el marco de una efectiva Ley de Descentralización Fiscal que acompañe al proceso de regionalización, lo que se discute hace buen tiempo, pero no se implementa.

Dicho esto, el problema de fondo no es técnico (como el proyecto votado en el Congreso) sino político: se trata de la viabilidad de una estrategia de desarrollo que pueda integrar al país (incluye una efectiva reforma tributaria y el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras) y su solución pasa por un diálogo efectivo con todos los actores. De otra manera, el proceso de regionalización y la gobernabilidad del país estarán en cuestión. Es esa la dimensión del problema que el Poder Ejecutivo y el Congreso le han entregado, cual presente griego, a Yehude Simon.

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