Mineros artesanales llegan al Congreso


Más de 200 productores mineros artesanales de 8 regiones del país llegaron a Lima para realizar una Marcha de Protesta con destino al Congreso de la República, en demanda de la inmediata intervención del Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén en la aprobación del dictamen elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, referido al Proyecto de Ley N.º 2306-2007/CR , que modifica algunos artículos de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.


Tras ser recibidos por el legislador Juvenal Ordóñez Salazar y los parlamentarios Rafael Vásquez y Susana Vilca, del Partido Nacionalista Peruano, los dirigentes mineros encabezados por el presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales (Fenamarpe) Teódulo Medina Gutiérrez, se reunieron con el Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, al que entregaron un memorial y una propuesta legislativa con nuevos aportes a la norma en debate.

Velásquez se comprometió a priorizar el debate del referido dictámen y hacer llegar a la brevedad posible a la Comisión de Energía y Minas, que preside el legislador fujimorista Rolando Reátegui, la propuesta legislativa entregada por los dirigentes de la minería artesanal.


Destacó además, que cualquier otra modificación podría plantearse posteriormente a través de un texto sustitutorio, cuando este punto de agenda sea visto en el Pleno del Congreso.

MINEROS SE QUEDARÁN CON DENUNCIOS OCIOSOS

Horas más tarde, los dirigentes participaron de la sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, en la que obtuvieron el respaldo unánime de todos los legisladores en torno a su pedido para la aprobación del P.L. N.º 2306-2007/CR por considerar que éste fue elaborado de manera consensuada entre mineros, autoridades y parlamentarios y tras audiencias públicas realizadas en Madre de Dios, Piura, Puno, Arequipa e Ica.

Los congresistas José Carrasco Távara, Miguel Guevara (PAP), Susana Vilca, Fredy Serna, Tomás Cenzano, Juvenal Ordóñez (GPN), Fabiola Morales, Rafael Yamashiro y el presidente de la comisión coincidieron en que se debería dictaminar teniendo en cuenta el informe del grupo de trabajo sobre la pequeña minería y minería artesanal, que presidió el congresista Carrasco y el predictamen planteado por la secretaria técnica de la referida comisión parlamentaria. En igual sentido se expresó el dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros Artesanales, Teódulo Medina.

El legislador José Carrasco Távara planteó incluso, que los mineros artesanales se quedarían en propiedad de los denuncios ociosos en los que ellos trabajan, en caso que los titulares mineros no hayan realizado ninguna inversión después de dos años de ser titulados.

Cabe resaltar, que el Ministerio de Energía y Minas reconoció la existencia de sólo 5 mil mineros artesanales registrados en todo el país, aún cuando existirían más de 290 mil mineros sin formalizar debido a la falta de voluntad política del gobierno, que alevosamente publicó el D.S.N.º 005-2009-MEM que reglamenta el D.L. Nº. 1040, y ha dado inicio a una persecución policiaca contra estos productores, sobre los cuales se cierne la cárcel, el embargo de sus bienes y hasta el desalojo violento por no aceptar el pago de cupos antojadizos de los titulares, remontando esta actividad a la época del feudalismo.


“Los mineros artesanales no queremos propiciar conflictos sociales pero tampoco vamos a permitir el abuso”, advirtió Medina, quien anunció que el próximo 27 de abril un nutrido contingente de mineros artesanales de todo el país protagonizarán una Marcha de sacrificio con destino al Ministerio de Energía y Minas, exigiendo al gobierno la derogatoria del referido decreto supremo.

Finalmente, denunció que el gobierno pretende aniquilar al pequeño productor minero a favor de las grandes transnacionales extranjeras, de allí que con la dación del D.L. N.º 1010 se pretende lotizar el país, con lotes de 300 mil hectáreas, y entregárselas a PROINVERSIÓN, cuyos funcionarios las ofertarán a las grandes empresas en perjuicio de más de 500 mil familias dedicadas a esta actividad.