BIDAlan Fairlie Reinoso  
 
En una última publicación (*), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pone en perspectiva los principales desafíos que afrontará el gobierno peruano en el nuevo contexto, y realiza algunas recomendaciones.
 
El control de la pandemia en el corto plazo
Aún no se descartan rebrotes del virus y, en consecuencia, mayores restricciones a la movilidad de personas que afecten el empleo o amplíen el periodo de inversión débil en la economía peruana. La actual coyuntura ha demandado del Estado un aumento sustancial del gasto público y la suspensión de reglas de deuda pública. En vista de los efectos del coronavirus en distintos frentes, el Estado desplegó medidas de apoyo a sectores vulnerables e instituciones (2.84% del PBI), medidas de soporte al sector privado (1.2% del PBI), entre otras medidas.
 
El BID ha enfatizado que la actual coyuntura demanda del Estado peruano una política fiscal más expansiva, pues permitirá cubrir serias deficiencias en la provisión de servicios públicos. En los últimos años, el nivel de gasto total del sector público no financiero (SPNF) fue inferior al promedio de gasto de la región ALC y de países avanzados. En la misma línea, la OECD advierte en su última publicación sobre proyecciones de crecimiento mundial que los países no deberían repetir los errores de la crisis financiera de 2007-08 y endurecer su política fiscal demasiado rápido[1].
 
Las proyecciones oficiales apuntan a un déficit fiscal de 10.7% en 2020. Sin embargo, esta estimación descansa en varios supuestos que podrían cambiar en meses siguientes. El BID prevé que un endurecimiento de las condiciones externas generaría dinámicas desfavorables en el precio de materias primas y tipo de cambio generando un incremento del déficit fiscal de alrededor de 0.4 puntos porcentuales del PBI. En vista de ello, sugiere contemplar la posibilidad de una reforma integral de las reglas fiscales.
 
Recomendaciones de mediano plazo
Con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis por COVID-19 sobre el mercado laboral peruano, el BID recomienda que en el mediano plazo se tomen las siguientes medidas:
 
1. Mantener el apoyo económico a los hogares fomentando la inclusión financiera y el mayor uso de canales digitales
2. Fortalecer programas de trabajo temporal como Trabaja Perú a nivel local, por ejemplo, en distritos severamente afectados
3. Mantener los subsidios a la planilla para evitar mayor desempleo y precautelar el sector formal
4. Aumentar capacidad del sistema de educación público en todos los niveles: para la educación básica tomar en cuenta el aumento de número de alumnos por aula, y para la educación superior facilitar los procesos de homologación
 
Por el lado de los ingresos fiscales, además de informar sobre su estrategia de consolidación fiscal, el Estado peruano está obligado a aumentar de forma progresiva sus niveles de recaudación fiscal en el mediano plazo. Por el lado de gasto, el BID enfatiza que será de gran importancia revisar las ineficiencias en sub-ejecución de gasto y debilidades institucionales en gobiernos sub-nacionales. 
 
En la parte de soporte al sector empresarial, el BID sugiere que se siga trabajando en las siguientes medidas:
 
1. Mejorar mecanismos de coordinación público-privada para el proceso de reapertura económica y para la construcción de un sistema de intermediación laboral moderno
2. Seguir otorgando liquidez a través de los mecanismos ya vigentes como Reactiva Perú y los programas FAE (FAE-MYPE, FAE-Turismo y FAE Agro)
3.  Apoyar las innovaciones de procesos, organizacionales o de marketing que seguirán muchas empresas a través de subvenciones, créditos blandos y/o financiamiento combinado
4. Particularmente, pensando en el sector agropecuario, el Estado deberá seguir trabajando en la promoción de asociatividad entre productores y en el fortalecimiento de los sistemas de información
 
Recomendaciones para el largo plazo
Para el largo plazo, el BID propone que el gobierno peruano concentre esfuerzos para (i) cerrar brecha de infraestructura en todo el territorio peruano (ii) adoptar una agenda de políticas estructurales que impulsen productividad y crecimiento empresarial; y (iii) ampliar la cobertura del sistema de protección social.
Respecto a este último objetivo, la propuesta del BID consiste en que se migre del actual esquema de asistencia social a un modelo de aseguramiento sostenido en base a pilares. Esta propuesta no es reciente, de hecho, estimaciones previas del BID sugerían que una reforma del sistema de seguro de desempleo y de pensiones le costaría al Perú alrededor del 0.25% de su PBI[2]. (*)https://publications.iadb.org/es/peru-desafios-del-desarrollo-en-el-post-covid-19
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