Aunque sigue el bloqueo y el cierre temporal de la mina de Cuajone operada por Southern Perú, se ha dado un paso clave para avanzar hacia una solución del conflicto
Más de 40 días lleva paralizada la mina de Cuajone de Southern Perú por protestas de la comunidad campesina umilaca, Pocata, Coscore y Tala, de la región de Moquegua. La comunidad campesina exige a Southern Perú una compensación de US$5.000 millones por el acceso a territorio que, según aducen, le pertenece; y un pago permanente del 5% de utilidades netas de la mina. Y ante esta exigencia, hasta hoy sigue bloqueado el acceso a agua en el campamento minero y las vías férreas que permiten a la minera de capitales mexicanos transportar cobre y otros metales a la costa peruana para ser exportados.
Este martes se habría concretado un paso clave para avanzar hacia la solución de este conflicto social, que se suma a los más de 200 conflictos que el Perú tiene actualmente. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que la minera y la comunidad suscribieron un acta para acordar la instalación de una mesa de diálogo; y una vez esta sea instalado este grupo de trabajo mediante una resolución, la comunidad se ha comprometido a levantar las medidas de fuerza ejercidas en la zona
“El contenido de la resolución que conforma dicho grupo de trabajo será aprobada junto a la población y la empresa, y posteriormente publicada”, precisó el comunicado de la PCM. Una fuente cercana a Southern Perú comentó a Bloomberg Línea que el compromiso es que esta acta se publique mañana, y la empresa guardaría cautela ante este evento para verificar que la comunidad cumpla con lo pactado.
La PCM de Perú informó también que Southern Perú se comprometió a retirar las denuncias o cualquier acción legal o judicial interpuestas en contra de las comunidades y comuneros campesinos; un pedido que había sido trasladado durante el mes de marzo. “De igual forma, se comprometieron a gestionar, ante terceros, el retiro y desistimientos de otras acciones legales”, acotó la PCM.
La comisión de alto nivel que supervisó la firma de estos acuerdos estuvo liderada por la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Bettsy Chávez; el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jesús Quispe; y el viceministro de Energía y Minas, Kensi Mayta Samaniego.
Además de la comunidad campesina en la reunión estuvieron presentes, también, funcionarios de Southern Perú y el congresista de la República Víctor Cutipa, así como el representante de la Defensoría del Pueblo, César Acho.
La mina de Cuajone procesa metales como cobre y zinc, y según estimó la empresa la pérdida diaria por exportaciones que no se están realizando desde que se paralizaron las actividades en la mina asciende a US$5 millones y 8,5 millones de soles diarios se pierden por concepto de impuestos y regalías que la región no recibe hace más de un mes.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, estimó en marzo que solo por dicho mes la suspensión de actividades en dicha mina implicará una pérdida de al menos un 0,5% del PBI para el país.
“La agresión violenta en contra de nuestra operación se ha prolongado por más de 30 días, lo que hace peligrar el cumplimiento de nuestros compromisos con las comunidades vecinas, con proveedores (muchos de ellos empresas locales), socios estratégicos, accionistas y nuestros más de 1.500 trabajadores y 1.128 contratistas”, dijo Óscar Gonzalez Rocha, CEO del Grupo México (Matriz de Southern Perú) en un comunicado el 30 de marzo.
Con información de Bloomberg
