La ilegal ley antiinmigrantes en Arizona
Janice Brewer
Por Manuel Rodríguez Cuadros
Ayer, en la Universidad de Michigan, el presidente Obama invocó a superar el “envenenado” clima de intolerancia y creciente polarización que día a día se impone en la política norteamericana y que se expresa en la extrema adjetivación de “socialista” para tipificar al gobierno y de “fascista” para calificar a la oposición republicana. Al hacer este razonable y racional llamado a la sensatez política, Obama quizás estaba pensando, también, en la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, que al aprobar una ilegal y controvertida ley antiinmigrantes ha echado leña al fuego de la hoguera de la polarización que recorre la sociedad norteamericana.
La iniciativa “Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros” (SB1070) del estado de Arizona, aprobada el 23 de abril, criminaliza al inmigrante irregular, convirtiéndolo en un delincuente sujeto a detención y penalización. Introduce criterios racistas y xenofóbicos, ilegales ante las leyes federales, al autorizar el interrogatorio y la eventual detención de los sospechosos de permanencia irregular. Se reputa que la sospecha bajo la cual actuará la policía no es otra que los rasgos étnicos de los inmigrantes. Se sanciona a quienes los transporten, se criminaliza a los que les otorguen empleo y se faculta a los ciudadanos a denunciar a los policías que ante la “sospecha razonable” no procedan a detener a los supuestos inmigrantes indocumentados.
Con la legislación anterior los agentes policiales de Arizona sólo podían indagar sobre la situación migratoria de los sospechosos de haber cometido algún crimen.
El presidente Obama ha expresado su oposición a la ley. La ha calificado de “injusta e irresponsable”. Y ha señalado que amenaza con “debilitar las nociones básicas de justicia que respetamos como estadounidenses, así como la confianza entre la policía y nuestras comunidades, que es tan crucial para mantenernos Seguros”. La gobernadora Brewer, por su parte, argumenta que “mejorará la seguridad en la frontera, protegerá a los ciudadanos estadounidenses y disminuirá la violencia que viene desde México”. El arzobispo de Los Ángeles terció en el debate al recordar que “nos beneficiamos del trabajo que hacen los inmigrantes, pero no les damos ningún derecho”. Y añadió un categórico argumento de valores cristianos: “Bajo la ley de Dios todos somos legales.”
La ley viola las obligaciones asumidas por Estados Unidos en la Convención internacional contra la discriminación racial y será, ciertamente, objeto de diversas acciones legales para evitar su aplicación, aunque con inciertos resultados. Más eficaces parecen ser las movilizaciones de cientos de miles de manifestantes que el 1 de mayo, en más de 80 ciudades, han expresando su repudio a la ley y demandado al presidente Obama, a los demócratas y al Congreso que se debata y apruebe una reforma integral migratoria que reconozca sus derechos.
Los demócratas han presentado una iniciativa legislativa que trata de conciliar los dos valores que oponen a conservadores y liberales, a demócratas y republicanos: la seguridad de la sociedad y el ciudadano, por un lado, y por otro los derechos civiles y el aporte de los inmigrantes al desarrollo de la sociedad norteamericana.
La extremista iniciativa del conservadurismo en Arizona parece estar provocando consecuencias no previstas: el boicot económico hispano a Arizona, el reingreso de la reforma integral migratoria en la agenda política de este año, que estaba ya descartada, y las consecuencias que este nuevo espacio de polarización tendrá en las elecciones de noviembre. La Primera, 03.05.2010.
Con la legislación anterior los agentes policiales de Arizona sólo podían indagar sobre la situación migratoria de los sospechosos de haber cometido algún crimen.
El presidente Obama ha expresado su oposición a la ley. La ha calificado de “injusta e irresponsable”. Y ha señalado que amenaza con “debilitar las nociones básicas de justicia que respetamos como estadounidenses, así como la confianza entre la policía y nuestras comunidades, que es tan crucial para mantenernos Seguros”. La gobernadora Brewer, por su parte, argumenta que “mejorará la seguridad en la frontera, protegerá a los ciudadanos estadounidenses y disminuirá la violencia que viene desde México”. El arzobispo de Los Ángeles terció en el debate al recordar que “nos beneficiamos del trabajo que hacen los inmigrantes, pero no les damos ningún derecho”. Y añadió un categórico argumento de valores cristianos: “Bajo la ley de Dios todos somos legales.”
La ley viola las obligaciones asumidas por Estados Unidos en la Convención internacional contra la discriminación racial y será, ciertamente, objeto de diversas acciones legales para evitar su aplicación, aunque con inciertos resultados. Más eficaces parecen ser las movilizaciones de cientos de miles de manifestantes que el 1 de mayo, en más de 80 ciudades, han expresando su repudio a la ley y demandado al presidente Obama, a los demócratas y al Congreso que se debata y apruebe una reforma integral migratoria que reconozca sus derechos.
Los demócratas han presentado una iniciativa legislativa que trata de conciliar los dos valores que oponen a conservadores y liberales, a demócratas y republicanos: la seguridad de la sociedad y el ciudadano, por un lado, y por otro los derechos civiles y el aporte de los inmigrantes al desarrollo de la sociedad norteamericana.
La extremista iniciativa del conservadurismo en Arizona parece estar provocando consecuencias no previstas: el boicot económico hispano a Arizona, el reingreso de la reforma integral migratoria en la agenda política de este año, que estaba ya descartada, y las consecuencias que este nuevo espacio de polarización tendrá en las elecciones de noviembre. La Primera, 03.05.2010.
