La represión franquista es imputada por unas 120 mil desapariciones forzadas, 30 mil niños robados y un número indeterminado de desaparecidos
El juez español declaró en Argentina por una causa penal -la única en el mundo- sobre los crímenes cometidos durante el ejercicio del poder del dictador, Francisco Franco.
El juez español, Baltasar Garzón, declaró este lunes ante una magistrada de Argentina que investiga una denuncia por crímenes cometidos bajo la dictadura militar de Francisco Franco, destacando que la única investigación judicial penal que existe en el mundo con respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura encabezada por Francisco Franco (1939-1975) es la abierta en Argentina.
En declaraciones a periodistas, el exmagistrado de la Audiencia Nacional española informó sobre su comparecencia en Buenos Aires (capital), ante la juez federal argentina María Servini de Cubría.
"No hay ninguna investigación abierta en España que vaya a establecer las eventuales responsabilidades por crímenes presuntamente cometidos durante la dictadura del franquismo y después, durante la etapa democrática, hasta el día de hoy", subrayó Garzón.
Precisó que las dos únicas causas en curso en España relacionadas con la prolongada dictadura en el país ibérico son una por un presunto crimen de guerra y otra por la apropiación de niños en clínicas durante las décadas de 1960 y 1970.
"Más allá, entiendo que no hay ninguna investigación efectiva y tampoco puede haberla, y ese es el sentido y la justificación de la investigación en Argentina, por cuanto el Tribunal Supremo español definió en marzo de 2012 que no era posible esa investigación", añadió Garzón.
El proceso argentino que adelanta Servini de Cubría fue abierto en virtud del principio de justicia universal, y a él se unieron muchas víctimas del régimen militar impuesto por el general Franco, después de que Baltazar Garzón fue inhabilitado en España cuando llevaba el caso.
Garzón recalcó que la investigación en curso en Argentina "es la única posibilidad que le queda a las víctimas del franquismo dentro de la Justicia penal, porque no hay ningún otro procedimiento abierto, ni puede haberlo en España, para continuar con la investigación".
El abogado argentino Carlos Slepoy, quien lleva la querella presentada en Buenos Aires, informó que para junio próximo está previsto que declaren ante Servini de Cubría varios denunciantes, legisladores y alcaldes españoles.
Slepoy también dijo que está pendiente que la juez acuerde el "dictado de órdenes internacionales de detención de nueve personas imputadas", entre ellas los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, por su responsabilidad cuando ejercían cargos en la dictadura.
La querella argentina se presentó por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y abarca el periodo entre julio de 1936, fecha del levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones en España tras el régimen del general Franco.
Inicia campaña contra la impunidad
Por otro lado, el domingo se creó la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que impulsará una campaña nacional e internacional de denuncia ante las instituciones españolas, europeas y ante la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) el desamparo jurídico y político que enfrentan las víctimas de la dictadura, así como el incumplimiento sistemático de la legislación internacional sobre derechos humanos por parte del Estado español.
“Esta es una convocatoria por la democracia y por la verdad. Para que un sistema democrático sea fuerte debe estar asentado en una base firme y real y nuestra democracia actual tiene una base falsa y débil. Debemos investigar y asentar nuestra democracia en una base real de repudio contra la dictadura y el fascismo y la defensa de los derechos humanos”, señaló la abogada Cristina Almeida durante el acto en Madrid.
Los datos de la represión franquista son escalofriantes: 120 mil víctimas de desapariciones forzadas, 30 mil niños robados y una cantidad imposible de determinar de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista.
Ante estos datos, lo único que el Estado español ha realizado es una Ley de Memoria Histórica calificada de “tibia e insuficiente” por las víctimas, y el intento de juzgar estos crímenes por parte del juez Baltasar Garzón, que acabó con su expulsión de la magistratura.
El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (Amesde), Jaime Ruiz, lanzó un llamado a la justicia internacional para que intervenga en España a través del derecho de justicia universal. “Cuando nos planteamos exigir la creación de una Comisión de la Verdad es porque en España nos han cerrado todas las vías, a pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU”, explicó.
Precisamente la ONU es el organismo al que se encomienda la Plataforma para la creación de una Comisión de la Verdad que establezca qué crímenes se cometieron, por qué se cometieron, quiénes fueron sus víctimas y quiénes sus responsables, tal y como la propia ONU viene recomendando a España desde el año 2010.
“¿Por qué ha sido posible en Argentina o en Guatemala y aquí no? Nos costará mucho trabajo. Tendremos que quitar muchos prejuicios, pero el establecimiento de esta Comisión es fundamental para constituir un núcleo de verdad oficial que recoja los crímenes de la dictadura”, añadió Ruiz.
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