Aleksandr Dunáev
 
Roma, 29 abr (Sputnik).- La detención en Francia de varios antiguos miembros de organizaciones de ultraizquierda italiana permite a Italia dar vuelta a una página dolorosa de su historia reciente y contribuye a mejorar las relaciones entre París y Roma.
 
 

Francois Miterrand

 

 
Este jueves Luigi Bergamin y Raffaele Ventura se presentaron en el Palacio de Justicia de París para entregarse a las fuerzas del orden francés. Para la justicia italiana estos dos señores, que llevan décadas viviendo en la capital gala, son criminales, que fueron condenados por homicidio, pero no cumplieron la sentencia.
 
Con su entrega ya son nueve los antiguos terroristas de ultraizquierda italiana, detenidos por la policía francesa entre el miércoles y el jueves, mientras continúa la búsqueda de uno más.
 
AÑOS DE PLOMO
 
La detención fue solicitada por las autoridades italianas, las cuales que desde hace décadas exigen la extradición de los militantes.
 
Sus acciones se remontan a las décadas de los 70 y 80, denominadas "años de plomo" en Italia y marcadas por una altísima tensión política y social: algunos historiadores incluso definen este período como "una guerra civil de baja intensidad".
 
En aquellos años violentos Italia estaba atormentada por el extremismo tanto de la ultraderecha, como de la ultraizquierda. A finales de los años 60 los movimientos neofascistas dieron inicio a una serie de atentados sangrientos que se prolongaron durante toda la década de los 70 para culminar en la "matanza de Bolonia" del 2 de agosto de 1980, en la cual la explosión de un artefacto en la estación central dejó a 85 muertos y a más de 200 heridos.
 
La intensificación del terrorismo neofascista iba acompañada por la violencia de varios grupos de ultraizquierda. El más conocido entre estos eran las Brigadas Rojas (Brigate Rosse o BR, en italiano), fundadas en 1970 para desencadenar la lucha armada contra el capitalismo.
 
A diferencia de los neofascistas, las BR y otras formaciones de extrema izquierda optaron por una táctica basada en secuestros de personas, motivados por razones políticas o puramente económicas: el dinero que exigían por el rescate de los cautivos servía para financiar sus actividades.
 
La acción más conocida de los ultraizquierdistas fue el secuestro del primer ministro italiano Aldo Moro en marzo de 1978 por las BR. Dos meses después, su cuerpo acribillado de balas, fue encontrado en el maletero de un coche, aparcado en la calle Caetani de Roma.
 
LA HUIDA A FRANCIA Y LA DOCTRINA MITTERRAND
 
En los años 80, las fuerzas del orden italianas lograron arrinconar los grupos extremistas, los cuales no sólo organizaban atentados y secuestros, sino también mataban a miembros de organizaciones enemigas y a los policías y carabineros en enfrentamientos callejeros.
 
Muchos militantes escogieron el exilio para evitar la cárcel. Entre los izquierdistas algunos fueron a los países nórdicos, otros acabaron instalándose en América Latina.
 
Sin embargo, la meta principal para los italianos en fuga era la vecina Francia. En 1985, el entonces presidente galo François Mitterrand declaró: "El derecho de asilo, que constituye un contrato entre el acogido y Francia que le acoge, ha sido y será siempre respetado si no se dan las circunstancias ni el momento de lo contrario. Rechazo considerar a priori como terroristas activos y peligrosos a aquellos hombres venidos especialmente de Italia…"
 
Así nació la "doctrina Mitterrand" que permitió encontrar refugio más allá de los Alpes a varios izquierdistas italianos, como, por ejemplo, al filósofo postmarxista Antonio Negri o al médico Gianfranco Pancino, considerado hoy en Francia uno de los especialistas más importantes sobre el SIDA y el cáncer: en los años 70 ambos formaban parte del grupo de extrema izquierda Autonomía Obrera (Autonomia Operaia, en italiano).
 
La doctrina Mitterrand tenía una importante excepción: no debía aplicarse a personas culpables de crímenes de sangre y, por lo tanto, no podía proteger a los diez imputados que la policía francesa trató de detener estos días, ya que la justicia italiana les acusa a todos de haber matado a una o varias personas.
 
PERIPECIAS DE LAS RELACIONES BILATERALES
 
Los militantes fueron detenidos décadas después de haberse manchado las manos de sangre. Es verdad que la búsqueda de los criminales puede durar meses y años, pero en el caso de los italianos refugiados en Francia el proceso también se ralentizó por motivos políticos.
 
Fieles a la doctrina de Mitterrand, las autoridades francesas no tenían prisa en localizar a los sospechosos indicados por Italia. La situación empezó a cambiar en 2017, con la elección de Emmanuel Macron como presidente, quien impulsó las discusiones técnicas con las autoridades italianas sobre casi doscientos expedientes pendientes, que se habían acumulado hasta entonces.
 
El trabajo estuvo fuertemente condicionado por los vaivenes en las relaciones entre Roma y París, las cuales en febrero de 2019 vivieron una ruptura diplomática, cuando el canciller italiano Luigi Di Mayo apoyó públicamente a los chalecos amarillos y Francia en respuesta retiró a su embajador de Roma.
 
Sin embargo, el nombramiento de Mario Draghi como primer ministro italiano el pasado febrero instauró en las relaciones bilaterales "un clima de confianza absoluta" que permitió avanzar con la cuestión de los extremistas refugiados en Francia.
 
Luego de que la semana pasada Draghi planteó el tema en una conversación telefónica con Macron, el presidente francés, según refieren sus consejeros, quiso hacer "un acto de valentía", reconociendo "el trauma que fueron los años de plomo para Italia" y dejando de "ignorar la violencia de las acciones cometidas en los años 70 y 80".
 
Por lo tanto, la decisión de detener a los extremistas italianos no se presenta sólo como un paso para rendir justicia a sus víctimas, sino también como una acción política emprendida con el objetivo de reforzar las relaciones entre Roma y París.
 
Sin embargo, eso no quiere decir que los detenidos volverán en breve a Italia: seguramente se negarán a aceptar la extradición, lo que dará inicio a un proceso judicial que podrá durar meses o incluso años. (Sputnik)