La Unión Europea y los EE. UU. están muy preocupados e impacientes porque los rebeldes, terroristas y mercenarios —hay de todo— que luchan contra el gobierno del presidente sirio Bashar el-Assad ya tienen más de un año de combate y aún no pueden derribarlo.

Las exhortaciones de Hillary Clinton, secretaria de Estado de los EE. UU., no dejan lugar a dudas: pese a que se sabe que el avión turco fue derribado cuando sobrevolaba el espacio aéreo sirio en misión de estudio y sondeo de la defensa antiaérea siria, ella ya anima a Turquía a que tome medidas adecuadas —esto es, intimidatorias y un ataque militar a fondo— contra Siria por el “descarado” derribo del avión turco.

Turquía al comienzo reconocía lo evidente: que su avión había sido derribado sobre aguas territoriales sirias; pero ahora dice que fue impactado sobre aguas internacionales.

El día jueves la fuerza armada siria derribó el viernes 22 un avión F4 turco que volaba a baja altura frente a la costa siria, sobre aguas territoriales sirias. Los pilotos están desaparecidos.

Las autoridades turcas, aparentemente, actúan con prudencia, no se han apresurado a criticar o amenazar a Siria (al menos abiertamente, no). Pero el caso va tomando otro cariz cuando los turcos, contrariando toda lógica, dicen que su avión fue impactado en aguas internacionales y cayó en aguas sirias. Eso es muy raro, a menos que se diga que los cohetes antiaéreos sirios tienen un imán que atrae al avión impactado. Lo normal, por la velocidad de los aviones, es que si el cohete antiaéreo alcanza al avión en aguas territoriales de un país, el piloto —en los poquísimos segundos que le quedan antes de lanzarse en paracaídas— se aleje de la costa del país que se defiende, y el avión termine cayendo en aguas internacionales.

Se trata de casi el doble de las muertes que sufre Afganistán.

El jefe del Pentágono, Leon Panetta, expresó su profunda preocupación por la enorme tasa de suicidios que sufren las Fuerzas Armadas de EE. UU. Según las estadísticas, en los primeros 155 días de este año se suicidaron 154 militares.

Por Idilio Méndez Grimaldi (*)

¿Quiénes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.

El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.

Adrián Mac Liman (*)

La decisión de las Naciones Unidas de suspender sine die las actividades de la misión de observadores destacada a Siria no parece haber sorprendido sobremanera a los analistas políticos que siguen muy de cerca la evolución de los acontecimientos en la zona. Ninguna de las partes involucradas en este conflicto que se ha tornado en una auténtica guerra civil tiene interés en facilitar la labor de unos testigos molestos.  Para las autoridades de Damasco, la presencia de los cripto-cascos-azules obstaculiza la cruenta ofensiva del ejército y los grupos paramilitares contra los opositores del régimen; para el autodenominado “ejército libre” de Siria, los enviados de la ONU no dejan de ser un estorbo. Ambos bandos se acusan mutuamente de haber cometido atrocidades; ambos prefieren seguir actuando (matando, mejor dicho) lejos de las miradas “indiscretas” de una opinión pública internacional incapaz de comprender la complejidad de este conflicto interno, de este dramático enfrentamiento que divide a los sirios.

Amy Goodman

En Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados, un número mayor que la población total de muchos países del mundo. La cifra incluye a 800.000 jóvenes que ahora probablemente tengan la posibilidad de obtener la residencia legal durante un tiempo limitado, gracias a una orden ejecutiva dictada la semana pasada por el Presidente Barack Obama. En un discurso pronunciado en el Rose Garden, Obama declaró: «Esta mañana la Secretaria Napolitano anunció las nuevas medidas que mi gobierno tomará para mejorar la política de inmigración de nuestro país, para hacerla más equitativa, más eficiente y más justa, en particular para ciertos jóvenes en ocasiones llamados ’soñadores’». Detrás del discurso hay un movimiento por el cambio social construido por millones de personas, cada uno con una historia diferente.

Durante la tarde de este viernes, el Senado decidió, en juicio político, la condena de Fernando Lugo, que será destituido del cargo de presidente del país. El pedido fue realizado por la Cámara de Diputados y acatado por la mayoría de los senadores que desde ayer inició el proceso, bajo protestas de la población y bajo pedidos de la Unión de Naciones Suramericanas, que piden respeto por la democracia del país, ya que Lugo fue electo legítimamente por el pueblo de Paraguay.