Por Raúl Allain (*)
La migración venezolana es una tragedia en sí misma: un país tan rico en recursos naturales es incapaz de brindar calidad de vida a sus habitantes afectados por la dictadura, corrupción, pugnas políticas y azotados por la crisis económica.
A raíz de los últimos acontecimientos, en los cuales inmigrantes venezolanos han participado en hechos delictivos (ver caso de la sanguinaria banda criminal Los malditos del tren de Aragua), es urgente que el Estado peruano desarrolle una adecuada política migratoria que articule al inmigrante en una economía todavía pequeña, mayoritariamente informal y con servicios públicos insuficientes para atender la demanda creciente.
Una cosa es xenofobia (con la cual no estoy de acuerdo), y otra muy distinta es exigir al gobierno un trato equitativo para extranjeros y connacionales en temas laborales y especialmente en el permiso de ingreso al país con previo conocimiento de sus antecedentes penales, judiciales y policiales.
El ingreso masivo y desordenado de ciudadanos venezolanos al Perú ya está generando inconvenientes, y muchos peruanos están asumiendo que los venezolanos representan una competencia desigual respecto al trato que el propio Estado Peruano les da a los recién llegados y que no es equiparable al que países como Venezuela o Chile brindan a los extranjeros.
Por ejemplo, en Chile a los residentes peruanos no les otorgan fácilmente acceso a brevetes para el manejo de vehículos de transporte público si no cumplen primero con la presentación de documentación original y fedateada por Cancillería y otras entidades públicas peruanas. En cambio, en el Perú se observan casos de transportistas venezolanos que sí han accedido con facilidad a la licencia con apenas declaraciones juradas y otros papeles accesorios que no requieren certificación.
Muchos jóvenes peruanos que comienzan a buscar puestos laborales en el amplio sector informal peruano a nivel urbano, ahora sienten que deben competir en desventaja con extranjeros que harán lo mismo pero que poseen supuestos títulos académicos y están dispuestos a rematar su fuerza de trabajo a costos más bajos que el habitual —y paupérrimo— mercado laboral peruano, sobre todo en el sector comercio (la segunda actividad que más PEA concentra en el país).
Mientras continúe este desorden, el Perú se perjudicará.
(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro.
Expreso, 09-08-2018
Raúl Alfonso Allain Vega. Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud y director del sello independiente Río Negro.
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