El Banco Mundial emitió recientemente un informe titulado Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development (Crecimiento ecológico inclusivo: El camino hacia un desarrollo sostenible) en el cual insta a los Gobiernos la importancia de pensar de manera ecológica a la hora de adoptar políticas de crecimiento, dado que puede ser inclusivo, eficiente, accesible y, fundamentalmente, necesario para sostener la expansión económica de los países en los siguientes años.

 

Las cifras muestran que en la última década el mundo ha venido registrando un importante dinamismo económico, lo cual le ha permitido crecer a tasas significativas. Gracias a esto, los niveles de pobreza se redujeron notablemente alrededor del globo.

Sin embargo, es imperativo que los Gobiernos tomen en cuenta en su enfoque en materia de políticas de crecimiento lo que señala el informe del Banco Mundial, en donde se sugiere que un verdadero progreso requiere de soluciones multidisciplinarias para lidiar con las barreras político-económicas, superar los comportamientos nocivos para al medio ambiente y muy arraigados en la sociedad, y desarrollar las herramientas financieras necesarias que sostengan el proceso.

“La búsqueda del bienestar, y por ende la lucha global contra la pobreza, requiere no sólo que un país genere riqueza, sino también que tenga un desarrollo sostenible en el tiempo…”

Las políticas “verdes” que un país podría adoptar son diversas y variarían de acuerdo a cada realidad. Asimismo, algunas de estas medidas no necesitan de una gran inversión y pueden generar beneficios económicos y sociales a corto plazo, como –por ejemplo- el reordenamiento del tránsito (lo cual reduciría el número de horas de trabajo perdidos en el año así como ayudaría a la disminución de la emisión de sustancias contaminantes por parte de los vehículos) o planes de desarrollo urbanístico (que servirían para evitar la tugurización, y por ende habría una menor presión en el uso de servicios de provisión de agua potable, saneamiento, energía, transporte, entre otros).

Además, es indispensable que los países realicen aún una mejor medición no sólo de lo que se está produciendo, sino también lo que se está consumiendo y contaminando en el camino. En ese sentido, se considera vital la tarea de asignar valor a las tierras destinadas a la agricultura, los recursos minerales, los ríos, los océanos, los bosques y la biodiversidad, y conceder derechos de propiedad, esfuerzo que brindará a las clases gobernantes, a la industria y a las personas suficientes incentivos para gestionarlos de una manera eficiente, inclusiva y sostenible.

En esta línea, resultan importantes varias iniciativas que vienen poniendo en marcha tanto el sector público como el privado en el Perú. La creación del Ministerio del Ambiente en el 2008 como ente rector en la gestión medioambiental en el país ha sido un gran avance en la búsqueda del aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad biológica y del patrimonio natural. De otro lado, por el lado privado, algunas bancos locales están comprometidos con la incorporación de criterios sociales y ambientales en el análisis de riesgos de las operaciones financieras, y en éste sentido durante los últimos años se han desarrollado e implantado una serie de políticas, procedimientos y herramientas para la medición y evaluación de los riesgos sociales y ambientales. Así, por ejemplo, dichas entidades vienen solicitando a las empresas que demandan algún tipo de préstamo la presentación de los respectivos estudios de impacto ambiental cuando el proyecto en cuestión lo requiera. De esa manera, se busca financiar iniciativas privadas que sean rentables pero a la vez amigables con el medio ambiente.

La búsqueda del bienestar, y por ende la lucha global contra la pobreza, requiere no sólo que un país genere riqueza, sino también que tenga un desarrollo sostenible en el tiempo. Para ello, el crecimiento ecológico es necesario, eficiente y accesible. Es necesario porque el desarrollo sostenible requiere que el crecimiento sea inclusivo y “limpio”. Es eficiente porque permite localizar las fallas en el mercado y en las políticas gubernamentales que exacerban la insostenibilidad de los actuales patrones de crecimiento. Y es accesible porque los costos requeridos para una expansión “verde” son recuperados con creces a través de un mayor bienestar social y de la mejora en la eficiencia en los procesos de producción.