Afectan la estabilidad jurídica en el Perú y frena las inversiones que tanto se necesitan. Según el BCRP, del total de las inversiones brutas fijas en el 2023, el 79.4% fueron privadas y el 20.6% restante públicas.
“Los acuerdos firmados deben respetarse, se debe evitar acudir a los arbitrajes internacionales, hacerlo afecta la imagen del Perú”, afirmó el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván.
La Asociación de Exportadores (ADEX) señaló que la estabilidad jurídica y predictibilidad son las bases de la inversión privada, la generación de empleos dignos y descentralizados y la reducción de la pobreza, por lo cual expresó su profunda preocupación por la normalización de las controversias que desalienta la llegada de capitales, más aún si llegan al arbitraje internacional.
Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), del total de las inversiones brutas fijas en el 2023 (S/ 134 mil 804 millones, -5.6% respecto al 2022), las privadas fueron el 79.4% con S/ 107 mil 090 millones (caída de -7.2%) y las públicas el 20.6% restante con S/ 27 mil 714 millones (alza de 1.4%).
“En las últimas 3 décadas, Perú activó 4 motores para salir de la pobreza: la inversión privada, la inversión pública, las exportaciones y el consumo interno. Hace más de 2 décadas en alianza pública-privada, se firmaron más de 22 acuerdos comerciales con 60 naciones que representan al 82% del PBI mundial”, dijo el presidente del gremio, Julio Pérez Alván.
Hace más de 15 años, continuó, la Marca Perú nos posicionó en el mundo como un destino de inversiones, de interés turístico y con potencial para ser un importante exportador global, por lo cual es inaceptable que el Estado adopte posiciones que no suman al gran objetivo de acelerar la recuperación del país.
“Cuando sostenemos reuniones con los ministros de Estado coincidimos en la importancia de crear un ecosistema de confianza y seguridad para la inversión privada, pero otros funcionarios tienen diferentes criterios y abren múltiples escenarios que las frenan. Nadie invierte en un país que ofrece inestabilidad jurídica y falta de predictibilidad”, añadió.
A modo de ejemplo de la inestabilidad jurídica, mencionó el caso de la Ley Agraria N° 27360, derogada a fines del 2020 y que fue, junto a los acuerdos comerciales, apertura sanitaria, y el trabajo de las empresas, uno de los motores del crecimiento de las agroexportaciones.
El último caso es del terminal de Chancay. Si bien en el 2021 la APN autorizó la prestación de servicios portuarios al público, recientemente la propia APN y el MTC interpusieron una acción judicial contra esa habilitación portuaria, poniendo en riesgo el avance de esta obra que apunta a convertir el Perú en un hub portuario-logístico-industrial. “Todo lo ocurrido sienta un precedente nefasto y de daño incalculable a la inversión privada y evidencia lo difícil que es hacer empresa”, enfatizó Pérez Alván.
Por todo ello, señaló que la ADEX defiende la libertad contractual amparada por la constitución y que, en aras de solucionar cualquier desacuerdo, no solo se necesita voluntad política, sino actuar.
Añadió que las decisiones y actos administrativos firmados deben respetarse, evitando acudir a los arbitrajes internacionales, pues hacerlo afecta la imagen del Perú como destino de inversiones. “A mayor inversión mayor competencia que al final beneficia a los usuarios”, refirió.
“Perú es la sede del foro APEC este año y dado que todos los ojos del mundo estarán en nuestro país, es crucial enviar un mensaje en el sentido que somos respetuosos de las inversiones”, concluyó.
Datos
-El 17 de abril último, el Congreso aprobó en primera votación la Ley que modifica la Ley N.° 27943 del Sistema Portuario Nacional, que fomenta el desarrollo portuario, está pendiente de segunda votación para su ratificación.
-Está pendiente la aprobación del reglamento, que se espera sea antes del plazo previsto de 90 días.
