Ante la ola de críticas por la lenidad con que es tratada Odebrecht, organización delincuencial brasileña que está respondiendo ante la justicia de varios países por grotescos casos de corrupción, el gobierno intenta calmar las aguas anunciando que Odebrecht y cualquier empresa sancionada por corrupción no participará en nuevas licitaciones, según adelantó el presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala.
Es decir, todos los latrocinios siguen en marcha, sin que se ordene la intervención de esta empresa, pese a las contundentes evidencias mostradas por los Estados Unidos y Brasil. En otros países no sólo impedirán que sus gobiernos contraten con Odebrecht, sino que han congelado su activos y exigen la reparación correspondiente por los millonarios sobornos y consecuente perjuicio al Estado.
¿Y la procuraduría?
Como se sabe, con bombos y platillos se dio amplias facultades a la procuradora Julia Príncipe, pero aparte de hacer gran alarde de difusión mediática por su calidad de víctima del humalismo, no se ven resultados ni actuación oportuna, es decir, de la victimización no se ve acción. ¿Por qué no se interviene a Odebrecht?
“En la sesión del Consejo de Ministros revisamos este tema y siendo consecuentes con nuestra lucha contra la corrupción, hemos acordado reiterar que como Poder Ejecutivo tenemos el compromiso absoluto de apoyar y colaborar con todas las investigaciones que sean necesarias para que quienes resulten responsables sean identificados y sancionados”, precisó Zavala.
En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial resaltó en conferencia de prensa que “hemos acordado asignar un presupuesto adicional para la Procuraduría Anticorrupción y al Ministerio Público, para que puedan conducir de manera adecuada y exhaustiva las investigaciones” en este caso.
Asimismo, “fortalecer a la Fiscalía y a la Procuraduría, dotándoles de los recursos que requieran para este fin, lo que permitirá avanzar con mayor celeridad en las investigaciones, para identificar y sancionar a las personas que participaron en este red de corrupción”, subrayó el ministro.
“En segundo lugar, es también importante evitar que una situación como esta se vuelva a producir. Con esto en mente, hemos acordado implementar mecanismos en la nueva ley de contrataciones del Estado para impedir que empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción participen en nuevas licitaciones o concursos convocados por el Estado”, precisó.
“En tercer lugar, para investigar y determinar responsabilidad donde correspondan, invocamos al Ministerio Público y al Poder Judicial que lleven a cabo todas las investigaciones y diligencias que correspondan en el plazo más breve, para sancionar a quienes resulten responsables”, manifestó.
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