Acusan a García de manipular pruebas de petroaudios BTR
Carlos Tomasio, personaje clave procesado en el caso del escándalo de la interceptación de llamadas por parte de la empresa BTR, que se revelaron con los célebres petroaudios, donde se escucha a Rómulo León y Alberto Químper discutir sobre faenones en la concesión de lotes petroleros para la empresa Discover Petroleum, asegura que el presidente Alan García ordenó manipular las pruebas.
Tomasio, ex directivo de BTR y almirante de navío en retiro, asegura que su laptop desapareció misteriosamente durante las investigaciones y que Miguel Hidalgo fue el que ejecutó las órdenes desde el Palacio de Gobierno.
El procesado acusa a García de haberle atribuido falsamente la posesión de numerosos discos compactos, por intereses políticos ocultos y con la finalidad de perjudicarlo.
“Mi laptop estaba en mi oficina y hasta hoy no la veo y en ninguna de las actas aparece (confiscada). Han aumentado pruebas, han quitado cosas y ya no puedo dar fe de lo que yo tengo. Es obvio que ha habido manipulación: aparecieron CD, por ejemplo. Han hecho un cambalache de CD para usarlos en mi contra”, denunció.
Aclaró que ahora realiza la denuncia porque la justicia y la prensa lo permiten, antes no podía hacerlo. Acusó a García de ordenar al ahora ministro del Interior, Miguel Hidalgo un manejo irregular de las pruebas del caso, que fueron manipuladas en la etapa anterior al juicio oral, que se ventila en la Segunda Sala Penal de reos en cárcel, que preside el juez Iván Sequeiros.
“Hubo una orden desde arriba. La Dirandro trabajó como si fuera un caso de narcotráfico en que te tiran polvo blanco y no importa lo que digas. La Dirandro no es la unidad especializada para este caso, es la Dirincri, [que actuó] por orden directa del presidente de la República”, manifestó.
Culpó a los jefes de la Dirandro de no cumplir a cabalidad con su deber de custodia al permitir la llamadas telefónicas a otros coprocesados, entre ellos Manuel Elías Ponce Feijoó, realizadas desde la Dirandro.
Precisó que en la Dirandro a algunas de sus pertenencias no le aplicaron el “hash”, código de seguridad de material de cómputo que impide la manipulación de las pruebas para “hacer aparecer cosas que no eran suyas”.
“Por eso me negué a participar en las diligencias de la Dirandro, sabía que estaban manipulando las pruebas, como lo hicieron con los otros coprocesados, a pesar de que solicité la presencia de un perito a quien no lo dejaron entrar”, dijo.
Reveló que recibe amenazas de los altos círculos de poder debido a los grandes temores de personajes políticos que están involucrados en el caso BTR y agregó que tenía en su casa una relación de números telefónicos de congresistas nacionalistas y de Unión por el Perú (UPP); no obstante, dijo que esta información era pública y que la tenía para cualquier contacto.
“Lo máximo que me puede pasar es que me maten” dijo, refiriéndose a él mismo y a Ponce. “Estamos dos años y medio en cárcel, se nos ha destruido nuestro hogar, hemos perdido el empleo, qué más nos puede pasar”, advirtió.
