El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR – CE) fue impuesto a las comunidades sin previa consulta, afirman las federaciones indígenas.
Controversia genera el reconocimiento que recibirá el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) al acceder al Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE).
A través de una resolución ministerial una comisión encabezada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, llegará el 26 de abril a San Martín, junto a los titulares de Agricultura, Ambiente y Cultura, según informó el diario Voces.
La visita de Boluarte así como de parte del Ejecutivo apuntaría a presentar la ACR-CE como una experiencia modelo de conservación con miras a replicarse en otras regiones amazónicas.
Sin embargo, se omiten antecedentes como el despojo territorial sufrido por decenas de comunidades del pueblo indígena Kichwa, a los cuales se les impuso un modelo de conservación excluyente como pasaremos a ver.
ACR Cordillera Escalera: ¿Conservación vs pueblos indígenas?
El ACR-CE Cordillera Escalera se localiza dentro de cuatro distritos de la provincia de Lamas y cinco de la provincia de San Martín, en la región San Martín.
Sin embargo, son 26 las comunidades nativas kichwa que tienen una pretensión territorial sobre esta área que alcanza una extensión total de 149 870 hectáreas.
Un caso representativo es el de la comunidad nativa kichwa Nuevo Lamas de Shapaja, cuyo 98 por ciento de su territorio ancestral fue cedido en uso al interior del ACR-CE.
Y es que el “ACR-CE parte de un estudio de valorización de los recursos naturales para ser comercializados dentro de los conocidos servicios ecosistémicos, que tienen como finalidad generar un lucro para quienes lo administren”, explicó el geógrafo y especialista en Amazonia, Ginno Pérez.
Esto aclara el real interés detrás del ACR-CE, evidenciando que en la pugna por su administración no se quiere incluir a los pueblos indígenas, atropellando derechos y despojando territorios ancestrales.
De esta manera las Áreas Naturales Protegidas (ANP) suelen imponerse como un modelo de conservación por medio de un “mecanismo de apropiación del territorio ancestral”, según Pérez.
Esto no es más que una expresión del denominado conservacionismo excluyente, donde ciertos actores marcan las reglas y participan de la repartición de los beneficios de la conservación, en este caso, a través de los servicios ecosistémicos que retribuirán estos bosques.
Como lo han denunciado las organizaciones indígenas, el SERNANP obstaculiza las demandas de titulación de las comunidades y disputa el territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Es oportuno conocer el documental “El Despojo” editado por Forest Peoples Programme (FPP) en alianza con organizaciones indígenas de la región San Martín que explica este modelo aplicado en la región San Martín.
¿Coincidencias o nexos?
La visita de la presidenta Boluarte y su comitiva coincide con una serie de eventos que se vienen desarrollando en la región San Martín estrechamente ligados a los bosques.
Por ejemplo, el lanzamiento del V Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA) 2024, un espacio prevalentemente empresarial con intereses en la Amazonía, realizado el 25 de abril en Tarapoto con autoridades como el ministro de Agricultura Ángel Manero Campos.
El espacio que aún se realizará el 5 y 6 de junio en Lima, fue presentado en Tarapoto el 25 de abril, coincidiendo con la inauguración del Pre Fospa 2024.
El citado Pre Fospa es un espacio que apunta a la construcción de propuestas estratégicas en defensa de la Amazonía, y que es una antesala al Foro Social Pan Amazónico 2024, a realizarse en Bolivia en junio.
De otro lado, respecto al CEA, cabe destacar que cuenta entre sus organizadores al Grupo Pro Amazonía, que es presidido por el empresario Samuel E, Dyer, con inversiones en diversas empresas y actividades económicas.
Entre ellas Camposol S.A., Marinasol S.A., Reforestadora Inca S.A. - Refinca, Ecopacking S.A., Operadores de Concentrados Mineros SAC - OCP (Mina Cobriza), DC Inmbiliaria y Emprafut SA.
El Grupo Pro Amazonía tiene además vínculos con la empresa de palma aceitera Ocho Sur.
En junio de 2023, cuando se debatían cambios a la Ley Forestal, Alfonso Morante Chávez, gerente de finanzas de Ocho Sur, se reunió con el ministro de Economía representando al Grupo Pro-Amazonía.
Morante Chávez también participó en reuniones de la Mesa Forestal, grupo de trabajo liderado por el MEF, de donde surgió la iniciativa para cambiar la Ley Forestal.
A la fecha, Morante Chávez sigue siendo directivo de Ocho Sur y es el mismo que el 22 de abril de 2024 se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario.
GCF Task Force, otro de los organizadores del CEA 2024, fue representada a mediados de 2023 en reuniones con el MEF por la exfuncionaria Fabiola Muñoz que tiene vínculos con empresas del sector de palma aceitera y cacao.
Estas coincidencias ocurren en un contexto de agresiones del Congreso contra la conservación de los bosques mediante la ley anti forestal, así como y de una sugerente colisión de visiones sobre la Amazonía,
Para parte del gran empresariado dedicado a las plantaciones de monocultivos la Amazonía es un recurso o insumo industrial para el consumo global aún a costa de la depredación de los bosques.
Mientras que los pueblos indígenas es esencial proteger la Amazonía para resistir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad y están de acuerdo con opciones de aprovechamiento sostenible del bosque, pero con políticas que conserven el “árbol en pie”.
Pero, la comprensión de este tema escaparía al entendimiento de la presidenta Boluarte cuyo gobierno se ha vuelto funcional a los intereses corporativos digitados desde el Congreso de la Republica por el fujimorismo.
Fuente: Servindi
