Tragedia de SJL y 27 muertos: la vida vale menos que los tributos

alberto tejada enrique jacoby
  Figuretis Alberto Tejada y Enrique Jacoby

El Minsa preocupado por la comida chatarra no vio que podían morir 27 personas. Deslinde de los mediocres sobre tragedia en San Juan de Lurigancho

Por Rocío Ferrel

Tras las acusaciones de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, que culpa al Ministerio de Salud (Minsa) por omisión en el trágico incendio que dejó 27 muertos en un centro para adictos, el ministro de ese sector rechazó dichas imputaciones.

Alberto Tejada, ministro de Salud, “tiró la pelota” a la municipalidad diciendo que es responsabilidad edil clausurar los locales que no cuentan con autorización y adujo que la municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) nunca dio cuenta de la existencia de un centro de rehabilitación clandestino en ese distrito, durante las inspecciones realizadas por el sector en 2011 y el presente año.

Tejada aseguró, en conferencia de prensa acompañado de su figureti viceministro Enrique Jacoby, que la referida comuna no reportó la clausura del centro “Cristo es amor” cuando el Minsa les comunicó sobre las inspecciones que iban a ejecutar con apoyo de la fiscalía y agregó que los gobiernos locales pueden clausurar los establecimientos informales y pedir apoyo de la Policía y Fiscalía en caso de reincidencia y además cuentan con una Policía Municipal encargada de fiscalizar los establecimientos de cualquier rubro.

Voluntad

Finalmente, como ya se ha hecho costumbre en los ministros cada vez que hay una tragedia, se limitó a lamentar, a hablar de proyectos (que a veces quedan en eso, proyectos) y a reiterar que los centros donde se ingresa a los adictos contra su voluntad estarían violando la Constitución.

Respecto de esto último, no sería el único caso en que se recluye a las personas contra su voluntad, pues los delincuentes y orates peligrosos son internados contra su voluntad.

Una persona que ha caído en la adicción a las drogas es un enfermo que necesita tratamiento, lo cual parece ignorar el Estado. Estos casos son semejantes a los de los dementes: constituyen un peligro para su familia y la sociedad, pero así como los orates no reconocen estar enfermos y necesitar internamiento, los adictos tampoco, de allí que hablar de su voluntad es relativo, en especial en aquellos que ya son un problema para su familia, a la cual dejaron de respetar y pasan a agredir a la sociedad.

Entonces, si el ministro va a venir a decirnos que sólo se internará a los drogadictos si manifiestan su voluntad, debería responsabilizarse por los asaltos y hasta violaciones y asesinatos que pueden perpetrar y pagar él la reparación civil por los drogadictos a los cuales permita que anden en libertad.

La sociedad debe protegerse y no podemos estar atados a leyes que por antiguas no contemplan la realidad del mundo moderno, afectado por la drogadicción. Es necesario que a los adictos a las drogas se les dé el mismo tratamiento legal que a los enfermos mentales peligrosos y adecuar la legislación, no dejarse limitar por ella.

Facultades del Minsa

Como para sucesivos gobiernos la salud y la vida de las personas no tienen valor, el Minsa no es más que un organismo observador, sin facultades coercitivas que le permitan sancionar, cerrar y multar a los degenerados que realizan actividades que atentan contra la vida, salud pública, ya sea en centros de salud, o de producción, distribución o comercialización.

El Minsa no es más que en un muñeco con las manos atadas, pues a pesar de poder emitir análisis sobre peligros o toxicidad, no tiene la capacidad para multar o cerrar en forma definitiva y efectiva a los centros o empresas malhechoras.

Así, ante las denuncias, el Minsa  (debido a que por ley no tiene más facultades) se limita a emitir recomendaciones a municipalidades y ministerios.

Si la vida de los peruanos tuviese valor, bastaría la demostración del peligro para la vida o la salud para multar, incautar o cerrar empresas formales o informales, situación que es aprovechada por funcionarios corruptos de ministerios y municipalidades para, previa coima, permitir continuar operando a los infractores de las normas de salud; parece que el gobierno no se conforma con los muertos y provoca más muertes y penosas enfermedades mediante una intencional mutilación de funciones a los órganos de salud.

En su mediocridad (o complicidad) los ministros de Salud de turno nunca han exigido que el gobierno otorgue facultades coercitivas que les permitan sancionar, embargar, cerrar y multar, como las tiene la Sunat.  Además, no debería haber lugar a acciones de amparo para burlar la ley. De este modo, ante si una municipalidad es negligente o corrupta al permitir actividades que ponen en riesgo la vida y la salud el Minsa debería actuar con facultades plenas.

La Constitución dice que el ser humano es el fin supremo de la sociedad, pero la ley da más importancia a la recaudación tributaria desde la dictadura fujimorista; por eso la vida vale menos que cobrar impuestos y en esa lógica primitiva, corrupta y brutal el Minsa tiene menos facultades que la Sunat.

Por último, parece que este ministro y los anteriores están ciegos o hacen la vista gorda pues bien se sabe que en las municipalidades existe corrupción y con coimas se permite continuar funcionando a establecimientos que no cumplen con las condiciones mínimas requeridas por la ley, de allí la necesidad de que en cuestión de salud el Minsa sea la última palabra, no una municipalidad.

Es deplorable tener esta clase de autoridades, más preocupadas en figuretismo con  asuntos de menor importancia como caminatas (obligando a los empleados contra su voluntad) o la comida chatarra (ver  Minsa y Jacoby: mucho figuretismo y poca eficiencia), en lo cual gastan tiempo y dinero, en lugar de velar por la vida de los peruanos. Tejada nunca llamó a conferencia de prensa para denunciar la proliferación de estos centros para adictos que son un peligro, para él son màs importantes las conferencias preparadas por su huachafo equipo de imagen.