El Poder Judicial (PJ) sentenció al expresidente Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos perpetrados favoreciendo a la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, a cambio de lo cual recibió un soborno de 35 millones de dólares.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) suspendió su anunciada huelga nacional escalonada país después de que el Ministerio de Educación se comprometiera a incrementar el presupuesto del sector al 5.1% del Producto Bruto Interno para el año 2025.
En el Congreso, donde pululan congresistas con intereses en el negocio de las universidades, ahora se ha presentado un nuevo proyecto de ley para que el bachillerato automático, aprobado de forma excepcional por la pandemia, ahora sea de forma permanente.
La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) Jerí Ramón aseguró que solicitará la anulación de las elecciones de dicho centro de estudios, que motivó una fuerte protesta de los estudiantes, quienes denunciaron serias irregularidades.
El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, dijo que la reciente aprobación por parte del Congreso de la norma que reduce de 5 a 4 el número de votos del Tribunal Constitucional en procesos competenciales, representa una amenaza seria a la imparcialidad que debe caracterizar nuestro sistema judicial.
El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el brasileño Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, por el caso Gasoducto Sur Peruano, en el cual también se encuentran inmersos el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros.
Fracasó la demanda competencial interpuesta en el Tribunal Constitucional (TC) por el Congreso contra el Poder Judicial (PJ) con la intención de interferir con el PJ por emitir fallos favorables a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La Junta de Fiscales Supremos eligió a Delia Espinoza para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, elección realizada en la sesión que hoy desarrolló la mencionada instancia del Ministerio Público.
De aprobarse en el pleno del Congreso este dictamen, los adolescentes de 16 y 17 años ya no podrán escapar del brazo de la justicia y serán procesados con el Código Penal aplicable a mayores de 18 años en caso de delitos graves.
Con 57 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó -en primera votación- el dictamen recaído en los proyectos de ley 618/2021 -CR, 6080/2023-CR, 7771/2023-CR y 8166/2023-CR, que propone modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal por delitos graves.
La situación legal del expresentador de televisión Andrés Avelino Hurtado Grados, “Chibolín”, cada vez se complica más por sus presuntos vínculos con una red criminal de trafico de influencias que implicaría a jueces, fiscales y empresarios.
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