Por Herberth Cuba Garcia
El Perú tiene una pulsión histórica a la disgregación. El inicio del año 2019 ha puesto sobre el escenario político a nuevos gobernadores regionales y alcaldes. El Presupuesto General de la República ha destinado mayores fondos para ser ejecutados en los gobiernos subnacionales. Además, como consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional y una interpretación proclive al fraccionamiento de bancadas, hoy el Congreso de la República se encuentra conformado por once bancadas o agrupaciones parlamentarias.
Por otro lado, la no reelección de congresistas los obliga a otorgar prioridad a las demandas regionales, para mantenerse activos en la vida política a través de una futura alcaldía o gobernación regional. En sentido contrario, la no reelección de alcaldes y de gobernadores regionales los obliga a candidatear a alcaldías provinciales o distritales, a congresistas e incluso a la presidencia de la República. En consecuencia, el peso gravitante de la política se ha trasladado desde el Congreso de la República a los gobiernos subnacionales (regiones y alcaldías).
El fraccionamiento de la representación nacional en el Congreso genera la sobrevaloración del peso del voto de las minorías, que se convierten en demandas que pueden crecer o disminuir según las normas o temas en cuestión. El tiempo necesario para las negociaciones, el trabajo para construir el perfil del futuro candidato regional y la defensa de las aspiraciones políticas particulares son incentivos perversos para consensuar una agenda nacional y la unidad del Estado. En esta circunstancia, una cámara de senadores podría aportar la mirada nacional y ser una segunda instancia deliberativa para la gobernabilidad del país. Sin embargo, esta cámara no existe.
Los gobernadores regionales tienen escasos cuatro años para proyectar su imagen nacional, fortalecer sus propias agrupaciones políticas, tentar alianzas y formar bloques para hacerse del Gobierno nacional en el 2021. Es decir, se ha adelantado el proceso electoral nacional y las demandas regionales se han puesto a la orden del día. No es casual que algunos gobernadores regionales mantengan reuniones políticas públicas y emitan pronunciamientos frente al estado del país. La Asociación de Gobiernos Regionales y las Asociación de Municipalidades podrían tener más importancia política que la acostumbrada en estas esferas de representación. Los espacios de los gores —es decir, las reuniones del presidente y los ministros con los gobernadores regionales, cuya utilidad es indiscutible— podrían desbordarse si algún bloque de gobernadores regionales exige una agenda política propia.
Las dificultades del Congreso para construir acuerdos se han puesto en evidencia. Por ejemplo, con la Ley de la Junta Nacional de Justicia, cuya existencia es fundamental para el funcionamiento de un poder del Estado. Es necesario, a pesar de las dificultades, lograr acuerdos para aprobar leyes importantes para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo nacional. Se inscriben en ese mismo sentido las designaciones de funcionarios que, por norma constitucional, corresponden al Poder Legislativo.
Nuestro país padece de una pulsión histórica a la disgregación. El centralismo se ha usado siempre como pretexto. Además, el proceso de descentralización como expresión de democratización de un Estado unitario, ha sido a veces tensado hacia un Estado federal, e inclusive se han exacerbado sentimientos autonómicos de algunas regiones y etnias. La identidad como Estado nacional es un proceso inconcluso, porque la representación política ha tratado con desdén los grandes problemas nacionales, cuya importancia debería verse reflejada en la representación política y congresal. Los partidos políticos nacionales y la agenda país han sido relegados. La falta de carrera y profesionalización de la política han hecho lo suyo. La improvisación, el oportunismo y la corrupción impiden construir un Estado-Nación próspero, con bienestar para sus ciudadanos y respeto irrestricto de los derechos humanos.
El Estado unitario exige una agenda y acuerdos políticos nacionales. La Constitución Política ha plasmado esa línea de base, que está vigente, al margen de la tendencia de algunos sectores a relativizar su importancia. Es necesario que las bancadas congresales, a pesar de la dispersión, generen alianzas sólidas y duraderas, que aseguren la estabilidad de la conducción del Congreso y el equilibrio de poderes para el adecuado funcionamiento de la República. Una agenda consensuada resulta imprescindible para que el Congreso de la República retome el centro gravitante de la política y fortalezca al Estado.
Los gobernadores regionales, al margen de sus legítimas aspiraciones, deben mirar al país como un todo. Por ejemplo, las capacidades de respuesta en defensa nacional y seguridad interna son débiles si no se suman los esfuerzos de todas las regiones. Igual ocurre con la salud. Una epidemia, un desastre, rebasa las capacidades de respuesta de una sola región. Además, el ejercicio de la función rectora del Ministerio de Salud exige una respuesta articulada, complementaria y solidaria del Sistema Nacional de Salud; es decir, de todos los sectores, gobiernos subnacionales e instituciones a nivel nacional. El gobierno, los gobernadores y el Congreso de la República tienen el reto de sumar esfuerzos en favor de la gobernabilidad.
01 DE FEBRERO DEL 2019
Asociación Médica Peruana
