Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente (Minam), así como organizaciones civiles, advirtieron que la promoción de la vía Pucallpa – Cruzeiro do Sul pondría en riesgo a indígenas en aislamiento y áreas protegidas.
 
selva aerea  
El pasado fin de semana, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6486/2020-CR, que declara de interés de nacional una vía terrestre entre Pucallpa (Ucayali-Perú) y Cruzeiro do Sul (Acre-Brasil), a pesar de la opinión en contra de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Comisión de Pueblos del mismo Legislativo.
 
Según la Defensoría, la propuesta no tenía “argumentos técnicos jurídicos” ni “sustentos que garanticen la conservación de bosques y áreas naturales protegidas, y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) que habitan y recorren territorios fronterizos entre Perú y Brasil”, sin embargo fue aprobada con 86 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, además fue exonerada de segunda votación.
 
“Entre las ciudades de Pucallpa y Cruzeiro do Sul se encuentran miles de hectáreas de bosques húmedos amazónicos, en donde se albergan las más altas concentraciones de biodiversidad del planeta. Asimismo, en dichas áreas se han establecido el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena Isconahua, espacios territoriales que podrían ser gravemente impactados con los proyectos de infraestructura vial (hidrovías, carreteras, entro otros) que serían implementados para promover la integración y la creación de relaciones comerciales entre ambas ciudades”, expresó la Defensoría en un comunicado de marzo.
 
Cabe recordar que la iniciativa parlamentaria fue presentada en octubre de 2020 por el legislador César Gonzales Tuanama (Somos Perú) en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y su dictamen fue aprobado en abril.
 
El titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Luis Simeón Hurtado (Acción Popular), sostuvo que Ucayali “requiere más vías de comunicación” para que “se pueda generar actividad económica en la región, ello para disminuir la pobreza y la extrema pobreza de la región y de nuestra Nación”.
 
Inga Sales (Acción Popular) expresó que existen personas que “solo leen informes de las ONG internacionales, que quieren imponer sus ideas de cómo manejar la Amazonía”. Por su parte, Hans Troyes Delgado (Acción Popular), sostuvo que es un proyecto necesario pero mencionó la necesidad de que “se tenga en cuenta el tema de la apertura de una red ferroviaria, porque significaría la deforestación de esa zona de la selva peruana”. “Es una muy buena propuesta”, aseveró, “pero vamos a tener daños colaterales en la Amazonía”.
 
 
Oposición
En el debate del Pleno, el parlamentario Alberto de Belaunde (Partido Morado) mencionó la preocupación de la Defensoría del Pueblo e indicó que “estas puertas son peligrosas de abrir, y deberíamos ir con cautela”.
 
Por ello, planteó una cuestión previa para que el proyecto se derive a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para un mejor análisis. Sin embargo, el pedido fue rechazado con 23 a favor, 64 en contra y 14 abstenciones.
 
Por su parte, el congresista Lenin Bazán Villanueva (Frente Amplio), titular de la Comisión de Pueblos, sugirió que se planteara un cuarto intermedio, para que en forma conjunta con la Comisión de Transportes se haga un análisis más amplio que tenga en cuenta los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).
 
 
A este último pedido se sumaron los legisladores Isaías Pineda Santos y Nelly Huamaní Machaca (Frepap), con el fin de concertar un nuevo texto sustitutorio. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Transportes insistió en que se trata de una ley que declara la integración sostenible, palabra que incluye aspectos de relevancia, porque “no hablamos de que ya se van a concretar esas obras, sino que pedimos a gritos de que las vías de comunicación son vitales para la Amazonía”.
 
Además, insistió que esto es llamar la atención del Ejecutivo y que, de realizarse un proyecto de esta naturaleza en ese momento, se iniciarían los estudios de sostenibilidad.