Juzgado suspende expulsión de religioso McAuley
La Corte Superior de Justicia de Loreto admitió la medida cautelar presentada por el religioso británico Paul McAuley, quien es objeto de persecución por parte del gobierno aprista, que había resuelto su salida del país acusándolo de soliviantar a la población.
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El Primer Juzgado Civil de Maynas suspende así la Resolución Ministerial Nº 0571-2010-IN contra McAuley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL), según indicó a Ideelaradio Aldo Atarama, vocero de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
La defensa del religioso sostiene que es infundada la acusación, pues no cometió ningún acto de violación de la ley.
McAuley pertenece a una congregación de enseñanza de la orden lasalliana y su misión es la enseñanza de lo concerniente a la defensa del medio ambiente.
Siendo esto así, no se puede callar la realidad, que demuestra que diversas empresas perpetran atentados ecológicos (que no se atreven a cometer en sus países) ante la sospechosa complacencia de las autoridades del gobierno (¿no hacen nada por incapacidad o por coima que enriquece a ciertos personajes?), que deberían sancionar y expulsar a estos malos empresarios, como es su deber, por lo cual ante la incapacidad del gobierno, los nativos se ven obligados a realizar marchas de protesta.
Si bien es cierto que se debe aplaudir a los empresarios de la naturaleza, del ser humano y de la ley, no se puede permitir la destrucción de la naturaleza. Precisamente, con la conducción de Benedicto XVI, se cataloga como pecado grave o mortal la destrucción de la selva. Esa es la doctrina católica y no se puede prohibir estas enseñanzas en un país donde la mayoría es católica.
Es muy grave y preocupante que la acusación no precise cuál ha sido la violación a la seguridad del Estado que ha cometido McAuley. El atestado, detalla un seguimiento, “pero ninguna acción contra el Estado ni delito”, precisó su abogado Constante Díaz a Canal N.
Con este caso la ciudadanía debe tomar debida nota de este acto perpetrado contra el religioso, pues a cualquier persona puede sucederle lo mismo. Que el Estado acuse a alguien de delitos que no fundamenta con las pruebas pertinentes y con ello busque su sanción, expulsión o detención es una característica propia de las dictaduras y es un grave atentado contra la democracia. Se estaría iniciando una persecución contra las personas en razón de sus ideas.
En tanto, diversas organizaciones realizaron ayer un plantón de protesta contra la pretensión del gobierno aprista de expulsar a McAuley.
Tras ser admitida la medida cautelar, McAuley se puede quedar en el país. A partir de la fecha hay quince días para impugnar la resolución administrativa del Ministerio del Interior, sostuvo Rita Ruck Riera, también abogada del presidente de la RAL.
La defensa del religioso sostiene que es infundada la acusación, pues no cometió ningún acto de violación de la ley.
McAuley pertenece a una congregación de enseñanza de la orden lasalliana y su misión es la enseñanza de lo concerniente a la defensa del medio ambiente.
Siendo esto así, no se puede callar la realidad, que demuestra que diversas empresas perpetran atentados ecológicos (que no se atreven a cometer en sus países) ante la sospechosa complacencia de las autoridades del gobierno (¿no hacen nada por incapacidad o por coima que enriquece a ciertos personajes?), que deberían sancionar y expulsar a estos malos empresarios, como es su deber, por lo cual ante la incapacidad del gobierno, los nativos se ven obligados a realizar marchas de protesta.
Si bien es cierto que se debe aplaudir a los empresarios de la naturaleza, del ser humano y de la ley, no se puede permitir la destrucción de la naturaleza. Precisamente, con la conducción de Benedicto XVI, se cataloga como pecado grave o mortal la destrucción de la selva. Esa es la doctrina católica y no se puede prohibir estas enseñanzas en un país donde la mayoría es católica.
Es muy grave y preocupante que la acusación no precise cuál ha sido la violación a la seguridad del Estado que ha cometido McAuley. El atestado, detalla un seguimiento, “pero ninguna acción contra el Estado ni delito”, precisó su abogado Constante Díaz a Canal N.
Con este caso la ciudadanía debe tomar debida nota de este acto perpetrado contra el religioso, pues a cualquier persona puede sucederle lo mismo. Que el Estado acuse a alguien de delitos que no fundamenta con las pruebas pertinentes y con ello busque su sanción, expulsión o detención es una característica propia de las dictaduras y es un grave atentado contra la democracia. Se estaría iniciando una persecución contra las personas en razón de sus ideas.
En tanto, diversas organizaciones realizaron ayer un plantón de protesta contra la pretensión del gobierno aprista de expulsar a McAuley.
Tras ser admitida la medida cautelar, McAuley se puede quedar en el país. A partir de la fecha hay quince días para impugnar la resolución administrativa del Ministerio del Interior, sostuvo Rita Ruck Riera, también abogada del presidente de la RAL.
