En la sesión realizada el día 24 de marzo, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, presidida por el Congresista de Tacna Juan Pari Choquecota, se aprobó el dictamen del proyecto. N° 4488/ 2010-CP, ley que precisa los alcances del régimen de los obreros municipales respecto al cálculo de la compensación por tiempo de servicios.
A la fecha la mayoría de obreros de las municipalidades
del país eran se encuentran en la legislación laboral del régimen
privado (Decreto Legislativo 728), sin embargo en el pago de su
compensación por tiempo de servicios eran considerados en el régimen
público, lo que les causaba un pago disminuido, que no correspondía al
régimen laboral al que pertenecen.
Además, las entidades municipales no cumplían con el depósito oportuno
de la CTS, ya que en el régimen público no hay obligación de depositar
periódicamente la CTS.
La confusión legal mencionada ha llevado a que muchos trabajadores
retirados no puedan gozar de su CTS en forma inmediata, y tengan que
hacer largos juicios para lograr que las municipalidades les reconozcan
ese derecho.
De aprobarse en el Pleno del Congreso este dictamen, se hará justicia a
la situación de los obreros municipales del país, que desde el año 1999
sufren de un régimen incierto respecto al derecho a la CTS.
Aprueban régimen laboral especial del servidor penitenciario
En la sesión del 24 de marzo, la Comisión de Trabajo del Congreso de la
República, bajo la Presidencia de Juan Pari Choquecota, congresista de
Tacna, aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N° 4588/2010-PE que
propone la Ley del Régimen Especial del Servidor Penitenciario.
Esta ley regula el ingreso a la carrera pública penitenciaria y la
evaluación periódica a la que están sometidos los servidores
penitenciarios, como también las remuneraciones y otros beneficios que
obtendrán. Asimismo, regula el régimen disciplinario y el Tribunal
Disciplinario del INPE.
El propósito esencial de esta iniciativa es mejorar las condiciones de
trabajo y desarrollo profesional del servidor penitenciario, que
actualmente se encuentra subestimado, en condiciones de inseguridad y
remuneraciones que no cubren el riesgo del trabajo en los centros
penitenciarios. Se procura de este modo mejorar la eficacia y eficiencia
del Estado y en particular de la administración penitenciaria como
parte del sector justicia, basando su estrategia en potenciar
prioritariamente sus recursos humanos, que son el eje central de
cualquier cambio social u organizacional.
