Nidia Vilchez luce su bufalismo
Nidia Vilchez

Al parecer, regresan los tiempos de la bufalería aprista; ayer la congresista Nidia Vilchez empleó la fuerza para arrancar un cartel de papel del legislador nacionalista Werner Cabrera, que criticaba al presidente Alan García por no cumplir su promesa de regresar a la constitución de 1979.



Se les decía y dice búfalos porque, lejos de discutir con razones, destacaban por su apego a las agresiones físicas contra sus adversarios políticos pacíficos, con armas contundentes y explosivos. Ayer hicieron honor a su denominación de búfalos, pues cuando la congresista Vilchez empleó la fuerza ningún aprista la detuvo, mientras el presidente de la mesa directiva, Luis Gonzales Posada, sólo reclamaba por el cartel, pero no censuraba a esta congresista por emplear la fuerza.

La violencia empleada por la congresista Vilchez provocó contusiones a la congresista María Sumire, quien debió recibir atención médica.

El reglamento del Congreso prohíbe los carteles en las sesiones, pero la exhibición de una cartulina no es motivo para desatar escándalo mayúsculo. El cartel tildaba a Alan García de demagogo, lo cual además es cierto, el Presidente destaca por burlarse de sus promesas realizadas durante su campaña electoral.

La sesión se suspendió, como era de esperarse. Todo parece indicar que se pretendería cerrar el Congreso, pues escándalos de este tipo son motivo para que la gran prensa desinforme. Entre otros actos, el pedido de Valle Riestra de renunciar a su curul también podría ser un síntoma de la intención de cerrar el Congreso, pues contribuye a crearle una imagen de órgano inútil.

Hoy vemos el ridículo titular de El Comercio: “Irresponsabilidad congresal deja al país sin reformas constitucionales claves”. Para este medio, antes antiaprista, ahora proaprista, la irresponsabilidad no es de Alan García, por incumplir sus promesas, sino de los congresistas que reclaman el cumplimiento.

Cambiar la presente Constitución, implantada en la dictadura del delincuente Fujimori, para regresar a la Constitución de 1979, significaría modificar las condiciones leoninas —que se prestan a la corrupción— permitidas al gran capital, con el pretexto de la estabilidad jurídica.