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Aumentan los conflictos mineros en Piura, pues además del de la empresa china Minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz S.A.), asoman el conflicto con las empresa peruanas Buenaventura ,en la margen izquierda del río Piura, y la Minera Arasi S.A., que a pesar de no tener concesiones en la región Piura, ha realizado actividades públicas en Tambogrande para presentar su proyecto; a ello se suma el hallazgo de vestigios de uranio en los fosfatos de Bayóvar que son explotados por la empresa Vale Do Rio Doce, de capitales brasileños.
Los polbladores no quieren minería
El análisis lo realiza el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el cual señala que Minera Arasi S.A. realiza actividades mineras en la región Puno y ahora pretende ingresar a Tambogrande, distrito que en el año 2002 realizó una consulta vecinal en la que el 98% de los votantes se manifestó en contra del inicio de actividades mineras en su localidad.
Como respuesta a esta pretensión por parte de Minera Arasi, la población de Tambogrande viene reorganizando sus colectivos locales, con el apoyo de la municipalidad, las asociaciones de agricultores y otras organizaciones locales.
La fuerte presencia minera en el norte del país es una preocupación latente para sus pobladores, que ven no sólo invadidas sus principales zonas de cultivo, sino que consideran la presencia de las mineras en la región como un grave riesgo para los ecosistemas y fuentes de agua locales, y una traba para fortalecer su modelo de desarrollo, basado en la agroexportación (frutas y productos orgánicos), la agricultura, la ganadería y el turismo.
“Son muchas las inquietudes que tienen las comunidades campesinas respecto del tema, por ello, el Observatorio de Conflictos, pretende canalizar estas preocupaciones y prevenir problemas que se puedan dar por el incremento de las actividades mineras”, indicó Javier Jahncke, miembro de Fedepaz y del Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el caso Majaz.
Ha quedado claro que el gobierno respalda a la empresa Minera Río Blanco S.A. (Minera Majaz), y que la aprobación de una serie de decretos legislativos a favor de la inversión minera la favorecen directamente, a pesar de haber quedado plenamente demostrada la situación de ilegalidad de la empresa y la violación de derechos de la población, a través de informes de la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
El gobierno tampoco ha tomado en cuenta la resolución emitida por OSINERGMIN, que establece responsabilidades y se sanciona a dicha empresa por haber faltado a sus compromisos ambientales y por haber realizado mayores actividades que las permitidas.
Ante la confirmación pública por parte de funcionarios de Río Blanco Copper S.A. de convertir a Huancabamba y Ayabaca en todo un distrito minero, urge una evaluación ambiental en el caso Majaz, a fin de establecer los verdaderos impactos, y no verlos de manera aislada.
El Observatorio de Conflictos Mineros da cuenta también de la persecución que sufren ONGs y dirigentes comunales que advierten sobre las malas prácticas de las empresas mineras. Por el caso Majaz, 35 personas que impulsaron la consulta vecinal fueron denunciadas por terrorismo, motivo por el cual hoy vienen siendo investigadas en la 5ta Fiscalía Penal Provincial de Piura. A la fecha son cerca de 300 las personas (entre dirigentes comunales y autoridades) que son investigadas o procesadas por el caso Majaz.
Decretos 1015, 1073 y 1064
Finalmente, sobre el reciente paquete de decretos legislativos, Jahncke señaló que solo tienen comparación con lo realizado en el año 1992 por el gobierno de Fujimori, donde se dio la primera gran modificación normativa en apoyo a las inversiones.
Los citados decretos legislativos han generado un trato discriminatorio hacia el derecho a propiedad de las comunidades campesinas y nativas. “Existen figuras como la copropiedad en el derecho civil y la sociedad anónima en el derecho societario que establecen que para cualquier acto que afecte los bienes de propiedad de los copropietarios (alquiler, venta, etc.), se debe tomar la decisión por unanimidad y en el caso de la sociedad anónima en primera citación los 2/3 y en segunda los 3/5, pero nunca el gobierno intervendría en modificar dichos parámetros normativos".
Sin embargo, con las comunidades campesinas y nativas, pese a que la propia Constitución reconoce su autonomía, sí interviene para afectar su derecho, para reducir el porcentaje de aprobación y así afectar su propiedad, en muchos casos, su único bien, por el hecho de haberlas catalogado como "perro del hortelano", según las políticas del gobierno de Alan García.
El DL 1064 incluso da pie a que con su pendiente reglamentación se pueda modificar el procedimiento que existe para otorgar una servidumbre en favor de las mineras.
La servidumbre no permite la explotación en las zonas que se otorga, sino que facilita la realización de la actividad, por lo que estos territorios luego deben poder revertir a la comunidad para que se sigan dedicando al mismo fin, pero en la práctica este procedimiento se pretende utilizar para permitir la explotación minera, dejando de lado el acuerdo previo de parte de las comunidades campesinas y nativas para permitir la actividad.
