Presentan pruebas de torturas en Majaz
Tres años después, las fotografías comprueban los abusos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) presentaron hoy en conferencia de prensa las pruebas (fotos) que corroboran la denuncia de actos de tortura perprerados contra campesinos que protestaron en una marcha pacífica en agosto del 2005 contra la presencia de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.).
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Tres años después, las fotografías comprueban los abusos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) presentaron hoy en conferencia de prensa las pruebas (fotos) que corroboran la denuncia de actos de tortura perprerados contra campesinos que protestaron en una marcha pacífica en agosto del 2005 contra la presencia de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.).
Río Blanco Cooper S. A. actualmente es una vulgar invasora de los terrenos de las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba respectivamente, departamento de Piura.
Julio Vásquez, Elizabeth Cunya y Mario Tabra, dieron sus testimonios de lo vivido en el campamento minero durante los tres días que duró su detención arbitraria y expresaron su indignación ante las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la policía nacional y de seguridad privada de la empresa minera.
Empresa minera: de victimarios a víctimas
En el año 2005 se dieron a conocer los hechos, sin embargo, lejos de denunciar a los autores de estos actos de tortura contra los comuneros, el ahora ex fiscal Félix Toledo Leiva (actualmente detenido en el penal de Río Seco en Piura) formuló denuncia por daños y otros contra más de cien comuneros, entre ellos las víctimas de estos actos.
Fedepaz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, luego de la recopilación de datos, testimonios, pericias médicas y psicológicas, en junio del año pasado presentó la denuncia ante la 5ta Fiscalía Provincial Penal de Piura.
La denuncia considera responsables al general PNP Ricardo Benavides, jefe de la Primera Dirección Territorial de la Policía Nacional; al coronel Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona de conflicto; y al capitán Marco Gonzáles, jefe del destacamento policial "Henrys Hill" en el campamento minero; también a los policías que participaron directamente en estas acciones delictivas; personal de seguridad de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex minera Majaz), que según las pruebas fotográficas estarían a cargo de la empresa Forza; y al ex fiscal Félix Toledo Leiva.
Forza presta servicio de seguridad a empresas mineras entre ellas Yanacocha, por lo que estuvo ligada al reglaje del padre Marco Arana, directivo de Red Muqui.
Rosa Quedena Zambrano, abogada del departamento jurídico de FEDEPAZ y de los agraviados, manifestó que la policía todavía no ha informado sobre la identidad de los efectivos que aparecen en las fotografías y que se está a la espera de un informe oficial que deberá ser remitido a la fiscalía responsable de la investigación.
Por su parte, Ronald Gamarra manifestó que no se debe confundir el justo reclamo de los campesinos que usan su legítimo derecho a protestar con vandalismo o terrorismo y destacó que la policía nacional debe colaborar y no ser un obstáculo en las investigaciones. "Está claro que existió personal policial en la zona y las fotografías hacen más fácil su identificación", indicó
Julio Vásquez, Elizabeth Cunya y Mario Tabra, dieron sus testimonios de lo vivido en el campamento minero durante los tres días que duró su detención arbitraria y expresaron su indignación ante las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la policía nacional y de seguridad privada de la empresa minera.
Empresa minera: de victimarios a víctimas
En el año 2005 se dieron a conocer los hechos, sin embargo, lejos de denunciar a los autores de estos actos de tortura contra los comuneros, el ahora ex fiscal Félix Toledo Leiva (actualmente detenido en el penal de Río Seco en Piura) formuló denuncia por daños y otros contra más de cien comuneros, entre ellos las víctimas de estos actos.
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Fedepaz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, luego de la recopilación de datos, testimonios, pericias médicas y psicológicas, en junio del año pasado presentó la denuncia ante la 5ta Fiscalía Provincial Penal de Piura.
La denuncia considera responsables al general PNP Ricardo Benavides, jefe de la Primera Dirección Territorial de la Policía Nacional; al coronel Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona de conflicto; y al capitán Marco Gonzáles, jefe del destacamento policial "Henrys Hill" en el campamento minero; también a los policías que participaron directamente en estas acciones delictivas; personal de seguridad de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex minera Majaz), que según las pruebas fotográficas estarían a cargo de la empresa Forza; y al ex fiscal Félix Toledo Leiva.
Forza presta servicio de seguridad a empresas mineras entre ellas Yanacocha, por lo que estuvo ligada al reglaje del padre Marco Arana, directivo de Red Muqui.
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Rosa Quedena Zambrano, abogada del departamento jurídico de FEDEPAZ y de los agraviados, manifestó que la policía todavía no ha informado sobre la identidad de los efectivos que aparecen en las fotografías y que se está a la espera de un informe oficial que deberá ser remitido a la fiscalía responsable de la investigación.
Por su parte, Ronald Gamarra manifestó que no se debe confundir el justo reclamo de los campesinos que usan su legítimo derecho a protestar con vandalismo o terrorismo y destacó que la policía nacional debe colaborar y no ser un obstáculo en las investigaciones. "Está claro que existió personal policial en la zona y las fotografías hacen más fácil su identificación", indicó
