Rospigliosi acusa al Congreso de venganza por inhabilitarlo

Tras la inhabilitación por cinco años para ejercer un cargo público, por parte del Congreso de la República, del ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, éste asegura que se trata de una venganza por haber difundido los "petroaudios".
Ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó una acusación constitucional contra Rospigliosi, la cual lo inhabilita por cinco años en el ejercicio de la función pública por presunta infracción al artículo 126 de la Constitución Política del Perú, por haber contratado durante su gestión al consorcio Proética obviando, presuntamente, una serie de disposiciones.

Rospigliosi subrayó que la acusación es una represalia apro-fujimorista por su lucha contra la corrupción y explicó, durante su presentación, que el informe contiene conclusiones falsas e irrelevantes, pues Proética no recibió pago por la labor que realizó.
El ex ministro afirmó que la denuncia contra él del Congreso de la República es una venganza política por la revelación de los "petroaudios", que puso en evidencia la mafia detrás de las concesiones de lotes petroleros, donde está involucrado el ex ministro aprista Rómulo León, hoy preso, entre otros.

"Por eso me acusan a instancia de un sujeto que responde al nombre de Jorge Mufarech. Este sujeto me acusó en el Gobierno anterior y eso quedó allí porque no tiene ni pies ni cabeza y ahora ha sido revivido por el congresista (aprista Aurelio) Pastor en una subcomisión y ha logrado que se apruebe", indicó en Ampliación de Noticias.

El acusado precisó que incluso en el informe de la comisión se señala que ha quedado demostrado que "el denunciado no violó los dispositivos legales nacionales sobre las contrataciones y adquisiciones el Estado puesto que dichas normas no son aplicables para este caso", porque no se trataba de una licitación.

El ex titular del Interior demandó que la comisión del Congreso también acuse al ex procurador José Ugaz, quien junto a Rospigliosi reveló los denominados petroaudios que motivaron la caída del Gabinete de Jorge del Castillo por presuntos actos de corrupción.

En tal sentido, sostuvo que el APRA "está usando al Congreso como instrumento para una venganza política" utilizando "a un sujeto como Mufarech".