José Miguel Castro, exgerente municipal de la excalcaldesa Susana Villarán, fue enviado hoy a prisión preventiva por 18 meses por el juez Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, por su participación en el escándalo de las precoimas recibidas de los ladrones brasileños de OAS y Odebrecht.
Para la Fiscalía, ambas empresas brasileñas entregaron US$10 millones a las campañas de Susana Villarán para las elecciones y contra la revocación, a cambio de obtener posteriormente contratos y adendas en términos de saqueo a los limeños, pisoteando además a las empresas que competían en las licitaciones.
Castro es investigado por la físcalía por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber solicitado dinero a las empresa OAS y Odebrecht para la campaña por el No a la revocatoria y la reelección de Villarán.
El juez admitió, de parte del Ministerio Público, la presentación de elementos de convicción que vinculan al imputado en la red criminal cuya cabecilla es la exalcaldesa Susana Villarán para que ambos se mantengan en el poder.
Castro proclamó tener una conducta “impecable”, pese a los delitos que habría perpetrado, y dijo que su comportamiento ante la justicia nunca buscó obstruir, pero el juez señaló que este exgerente no asistió a convocatorias de la fiscalía en otros procesos de investigación evidencian su intención de no colaborar con la justicia.
El magistrado sostuvo que existe también en la conducta de Castro el peligro de obstaculización de la justicia toda vez que Susana Villarán declaró en un medio de comunicación que se puso de acuerdo con él para guardar silencio sobre los hechos por los cuales son investigados.
Explicó que Castro había presionado a otros testigos para que cambien sus declaraciones e incluso les señaló que su abogado asistiría a su audiencia hecho que en su opinión, es una clara muestra de la influencia sobre los investigados, por lo cual declaró en fundado el parte el pedido del Ministerio Público para variar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva aunque solo por 18 meses.
En cuanto al tiempo de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, de 36 meses, no lo acogió porque se trata de una investigación que se encuentra avanzada.
“Cuando se dicta prisión preventiva con la formalización de la investigación preparatoria no hay inconveniente de entregar un plazo mayor pero esto es una variación de la medida, se emite un año después de otorgar el mismo tiempo”, dijo.
El juez indicó que la Fiscalía puede solicitar la ampliación de la prisión preventiva por un plazo similar con elementos de convicción nuevos que sustenten su pedido.
