Amado Enco, procurador del Estado y exprocurador de la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, denunció al procurador Ramírez y los que resulten responsables por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales.
La decisión ha sorprendido a muchos, pues se erosiona el trabajo contra la corrupción y hace recordar que Enco, en cambio, siendo procurador de Villarán “no vio nada” en los contratos leoninos firmados por Odebrecht en perjuicio del Estado.
La Procuraduría Anticorrupción asegura que Ramírez habría “pactado irregularmente” la devolución de 524 millones de soles existentes en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla, el
tiene la condición de intangible y está destinado exclusivamente al pago de la reparación civil a favor del Estado, por mandato de la Ley N.° 30737.
También imputan al procurador Ramírez haber consentido la inaplicación de la Ley N.° 30737, creada para asegurar el pago de las reparaciones civiles y deudas tributarias de las empresas implicadas en actos de corrupción, sin considerar que Odebrecht y sus exfuncionarios tenían investigaciones y procesos judiciales pendientes.
Otro cuestionamiento es el haber permitido el fraccionamiento del pago de la reparación civil fijada en 610 millones de soles en 15 cuotas anuales, renunciando a la posibilidad de cobrar casi la totalidad con cargo a los fondos existentes en el FIRR.
Enco aduce que su denuncia no busca la nulidad del Acuerdo de Colaboración y Beneficios, dado que al encontrarse por el Poder Judicial tiene la calidad de cosa juzgada y debe ejecutarse en sus términos aprobados.
