El Congreso, con su proyecto de ley de ascensos automáticos está demostrando su falta de análisis, conocimiento y carencia de propuestas que realmente beneficien a los pacientes, trabajadores y al país con justicia, sólo buscan titulares estruendosos.

 

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El error más grotesco es no tener en cuenta las numerosas contrataciones realizadas para afrontar la pandemia del coronavirus COVID-19, que por sí solas nos dicen que son temporales. Una pandemia no puede durar eternamente, son situaciones de salud temporales, tienen una fase crítica de grandes necesidades, en la cual estamos, pero toda pandemia desaparece o desciende a su mínima expresión dejando focos esporádicos menores.

En China se vio un enorme desplazamiento de personal de salud y habilitación de infraestructura, como hospitales, pero ahora todos esos pacientes se dieron de alta, los hospitales se cerraron y los requerimientos de atención para esta enfermedad son mínimos, pues los esfuerzos se enfocan más bien a la prevención de nuevos contagios y en ello ya no tiene que ver sólo el sector salud, sino el gobierno en su conjunto.

Esa es la tendencia, además no se tiene la última palabra en cuestión de cura y vacuna. Sí se ha comprobado que el tratamiento efectivo es la ivermectina, que acertadamente el gobierno ha ordenado comprar. En cuanto a la vacuna, en varios países se habla de ello pero no hay comprobación total de la eficacia de estos esfuerzos. Esto significa que todavía no se puede determinar.

Este panorama indica que pasada la cresta de la ola, todo ese personal contratado para el sector Salud, ya sea por el Minsa, Essalud, Sisol, FF. AA o PNP, ya no será necesario y tal vez se retenga a parte de ellos, también de forma temporal, según el desenvolvimiento de la pandemia.

De modo que pretender nombrar como trabajadores estables a toda esa avalancha de personal es demencial e insostenible.

En cuanto a los ascensos, eso existe en todo el estado y tiene diversas formas y siempre el criterio es el mérito, ya sea en militares, trabajadores de salud o burócratas.

En el sector salud los médicos tienen una recategorización quinquenal, es decir, pasan a tener una denominación diferente cada cinco años, con una cifra irrisoria por ese tiempo y sólo se da como tope hasta 20 años, pese a que a más años mayor calidad de trabajo, de modo que no sería una conquista del Congreso.

Essalud ya se queja de que no tiene presupuesto para los altos sueldos, por ejemplo un médico de pandemia puede ganar S/ 10,000 y uno con experiencia S/ 5,000 y ni siquiera cumplen con la promesa del presidente Martín Vizcarra de no cobrarles AFP de marzo a mayo. Este personal temporal extra no puede quejarse de su contraprestación económica, pues los han situado por encima de los médicos con experiencia y sí gozan de la exoneración de descuentos AFP.

Calidad

Otro punto importantísimo que el Congreso no ha evaluado es que por la necesidad de la pandemia se ha contratado a personal de salud de toda clase, y por ello hay buenos, malos, trabajadores, ociosos, respetuosos, sinvergüenzas, de universidades buenas, malas, incluso extranjeros médicos con formación dudosa que hacen trabajo burocrático que cualquier técnico podría hacer. También hay que tener en cuenta que en Venezuela hay mala preparación universitaria e incluso tienen una categoría que llaman “médico de familia”, que sólo estudia tres años, es decir, menos que una enfermera peruana que estudia cinco años.

De modo que no corresponde al Congreso filtrar quién se queda y no, eso atenta contra los criterios profesionales que debe manejar cada institución de salud para clasificar al personal que mejor rinde y que necesita. Los congresistas no deben invadir un ámbito que desconocen dictando leyes antojadizas que serán perjudiciales.

Deben ocuparse de la precariedad laboral en el Estado

El estado dicta leyes laborales para que cumplan las empresas, pero es el principal explotador que no las respeta. Lo que debería haber hecho el Congreso es más bien ocuparse de la injusticia de la precariedad laboral en el Estado, donde se contrata personal, sin estabilidad, CAS, terceros, Servicios No Personales, que son modalidades de explotación laboral iniciadas con el primer gobierno del corrupto Partido Aprista, lo cual fue profundizado con entusiasmo por el delincuente Alberto Fujimori y proliferaron los despidos de personal en planillas para pasar a contrataciones corruptas de empresas que se quedan con grandes utilidades mientras contratan en explotación a trabajadores, por ejemplo, de limpieza, lo cual resulta mayor gasto para el Estado.

Otros gobiernos, de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y el presente, han realizado retoques cosméticos a estas contrataciones de explotación y crearon la modalidad CAS, que es un híbrido entre trabajador con plenos derechos y trabajador explotado.

Los trabajadores CAS tienen que firmar contratos cada tres meses, con un tope de cinco años y si pasan ese lapso deben ser contratados en calidad de permanentes con el régimen de la ley 728, pero hecha la ley hecha la trampa y el Estado burla la ley al impedir que completen los cinco años, pasen por un tiempo legal sin trabajar para recontratarlos como nuevos, cuando deberían ser trabajadores con un tiempo acumulado que los coloque en la escala que les corresponde.

La explotación de los trabajadores de limpieza y vigilancia

Desde los gobiernos de García y Fujimori se despidieron a trabajadores de limpieza y vigilancia y se han enquistado en el Estado empresas prestadoras que lucran con la subcontratación en condiciones de precariedad, cuando las empresas de limpieza deberían ser contratadas sólo para servicios especializados esporádicos, como limpieza de exteriores de edificios altos. Estas empresas se enriquecen con lo que no se paga a estos trabajadores y es bien conocido que se trata de una argolla.

Si algo podría hacer el Congreso para dar más justicia a las contrataciones del Estado sería una ley que incorpore en planilla a estos trabajadores, pues realizan un trabajo que es de necesidad permanente, y en esta pandemia han sufrido contagio, maltrato y hasta con remuneraciones impagas.