Al verse derrotada en las elecciones y ante el pedido de 30 años de prisión para ella, fabricó denuncias de fraude sin probar una sola con la finalidad de entorpecer el proceso electoral
La Quinta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima abrió una investigación preliminar contra Keiko Fujimori y la personera legal de su partido Milagros Takayama por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y contra la función jurisdiccional en las modalidades de falsa declaración y fraude procesal tras los resultados del 6 de junio favorables al virtual presidente Pedro Castillo de Perú Libre.
Como vemos, tras su derrota en las elecciones y ante el pedido de 30 años de prisión para ella, fabricó denuncias de fraude sin probar una sola con la finalidad de entorpecer el proceso electoral, además causando agitación social en las calles mientras vemos un derroche de dinero de buses movilizando gente a las marchas, parcantas fabricadas en serie, entre otros.
Las diligencias preliminares fueron dispuestas por la fiscal Ana María Santiago Jiménez, titular de la citada quinta fiscalía corporativa penal, desoupes de la denuncia formulada por el abogado José Luis Saavedra Barrantes y Pavel Gabriel Tapia Romero, este último militante del partido Perú Libre, informa La República.
Fujimori y Takayama habrían incurrido en los siguientes delitos: contra el derecho de sufragio, en la modalidad de perturbación e impedimento del proceso judicial, delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, en agravio del Estado peruano y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Los denunciantes recogen la denuncia en los recursos de apelación presentados por Fuerza Popular en su afán de anular los votos en las jurisdicciones de zonas rurales, donde Keiko Fujimori tuvo un bajísimo respaldo en la segunda vuelta, frente a Pedro Castillo, quien obtuvo una mayoría aplastante.
Un aspecto que tendrá investigar la Fiscalía tiene que ver con los 27 comprobantes de pago presentados en simultáneo por Fuerza Popular para tramitar distintos expedientes.
Estos comprobantes habrían sido presentados en Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Áncash, Amazonas y Lima.
Por esta razón, la fiscal Santiago Jiménez decidió investigar únicamente el caso producido en Lima, por competencia territorial. Pero remitirá la denuncia a las fiscalías de las otras jurisdicciones para que también actúen de acuerdo a sus competencias.
En la disposición emitida el pasado 1 de julio, la fiscal dispone citar a Keiko Fujimori para que rinda su manifestación el día 23 de julio, a las 2.30 p. m. En tanto, la personera Milagros Takayama haría lo propio el mismo día a las 3.30 p. m.
Esta investigación aún no incluye a los peritos profesionales cuyos informes fueron usados por el fujimorismo para sustentar la supuesta falsificación de firmas.
Como se recuerda, en las audiencias de revisión de las apelaciones que hizo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hubo un voto en mayoría para remitir también los expedientes, a fin de que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos por parte de los peritos.
De este modo, también se encuentra en curso el inicio de una investigación a los peritos grafotécnicos Eladio Sánchez Sánchez, Héctor Dávila Sánchez y Juan Antonio Calderón Guerrero.
En el caso de Eladio Sánchez, en una audiencia quedó demostrado que hubo un informe presentado por Fuerza Popular que ni siquiera tenía la firma de este perito grafotécnico.
La nueva investigación fiscal se suma a las otras tres denuncias formuladas contra Milagros Takayama y Fuerza Popular, en este caso, por el presunto delito de difamación, pues el partido fujimorista atribuyó una supuesta suplantación de miembros de mesa que sí habían concurrido a cumplir con su deber.
En la región Puno, la ciudadana Shirley Apaza Quispe formuló una querella directamente contra Keiko Fujimori, por afectar el honor de ella y su familia, por la denuncia del supuesto fraude.
Amenaza con bloquear proclamación de los resultados del JNE
Leguleyadas. Ayer se conoció que el partido Fuerza Popular ahora tiene como objetivo presentar una acción de amparo y una medida cautelar, con el fin de intentar bloquear la proclamación de los resultados finales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto, a pesar de que la Constitución establece que el JNE es la máxima instancia en justicia electoral.
Diligencias
Keiko Fujimori ahora tendrá que responder ante la Fiscalía por intentar anular los votos de lugares donde no tuvo apoyo.
