Francisco Sagasti frenó interesadamente la ley que el Congreso aprobó para eliminar la pensión vitalicia para expresidentes
Los expresidentes Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Manuel Merino causan alboroto estos días por el cobro de una pensión vitalicia del Estado por haber ejercido el cargo, en los tres casos por una fracción de los cinco años y hasta por una semana. Esta pensión fue eliminada por el Congreso, pero Sagasti, en lugar de promulgarla, la observó incurriendo en claro conflicto de intereses.
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Los tres personajes presentaron dicha solicitud a la presidente del Congreso, María del Carmen Alva, para que se le conceda la pensión vitalicia establecida en la Ley 26519, equivalente al sueldo de un e un congresista en actividad, que ahora es de S/ 15.600.
Seguridad
Además solicitan los beneficios logísticos y de personal incluidos en un acuerdo del 2016 de la Mesa Directiva. Como se sabe también, el expresidente Ollanta Humala aprobó seguridad personal para los expresidentes y sus familias de forma permanente, lo cual es otro gasto para el Estado, no sólo por el personal, sino por los vehículos y logística que se emplean en cuidarlos mientras el resto de la ciudadanía sufre el látigo del hampa.
La seguridad debería continuar, pero sólo para el exmandatario, no para sus familiares, es un abuso perpetuar este gasto.
La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Los presidentes tienen derecho a todos los beneficios sociales que los demás trabajadores, por tanto, tratándose de cargos de cinco años, el Estado ha cumplido cuando ha pagado la compensación por tiempo de servicios y los demás beneficios como a cualquier trabajador y no es decoroso que además exijan pensión vitalicia ni que se les otorgue.
Para colmo, casi todos loe expresidentes son objeto de procesos, ya sea por corrupción o por responsabilidad en el ejercicio de su función. En el caso de Merino hay dos muertes en protestas y otras muertes más en el caso de Sagasti, durante la represión contra trabajadores agrarios.
