La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen recaído en las propuestas de los congresistas Susel Paredes Piqué (ID) y de Gonza Castillo, que plantea establecer sanción penal para los funcionarios públicos y agentes privados que retienen, descuenten y desvíen a otro destino, los aportes a la seguridad social de los trabajadores del Estado.
Para ese efecto, el dictamen pertinente propone la modificación del Código Penal.
El congresista Jorge Morante Figari (FP) se manifestó de acuerdo con las iniciativas, porque ese problema es común en perjuicio de los trabajadores, a quienes se les descuenta de sus sueldos y no pueden atenderse en los centros de atención de EsSalud. Pidió ampliar el alcance de la propuesta a quienes retengan los pagos a pensiones.
Un reporte de Essalud de julio 2022 indica que la deuda de los empleadores públicos y privados por incumplimiento en el pago de las aportaciones de sus trabajadores al Seguro Social asciende a S/ 5,271 millones.
Del total de la deuda, S/ 3,310 millones (62.8%) corresponde al sector privado, mientras que S/ 1,960 millones (37.2%) al sector público. El 85.6% del monto global se encuentra en cobranza coactiva (exigible) y el 14.4% restante está con impugnaciones, procesos concursales, facilidades de pago y otros no exigibles.
