Dos miembros de la directiva del Club Apurímac, que presidió Dina Boluarte desde 2017, sospechosamente consiguieron contratar con el Estado cuando ella era vicepresidente de la República. Los contratos por más de 3 millones de soles los lograron en 2022.

 

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Un informe publicado por El Comercio detalla que los beneficiados con contratos son William Zegarra Pantigoso, pro secretario de Economía, y Timoteo Flores Ttito,  secretario provincial, ambos integrantes del Consejo Directivo del Club Apurímac, compuesto por 17 miembros.

La sospecha crece debido a que dichos contratos los obtuvieron con el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  Precisamente dicho ministerio fue dirigido por Boluarte desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, en julio de 2021, hasta días antes de su término.

En junio del 2022, un consorcio integrado por Welev Servicios Generales S.R.L., compañía relacionada a William Zegarra y su familia, obtuvo una adjudicación de S/297 600 de Qali Warma, programa adscrito al Midis, detalla dicho diario.

Welev Servicios Generales tiene como gerente general a Tania Landa, esposa de William Zegarra. Esto luego de que, semanas antes de suscribir el contrato con Qali Warma, Zegarra Pantigoso y su esposa presentaran un documento ante una notaría para optar por la separación de patrimonios. De ese modo, el empresario transfirió su participación en la compañía a su cónyuge y aparece desligado de la empresa.

Es decir, un acto que se ha visto en otras oportunidades para tratar de confundir: un político o persona relacionada con un político, busca un contrato corrupto al tener los contactos o promesas de favorecimiento. Entonces firma un contrato de separación de bienes o incluso se divorcia, con la finalidad de hacer creer que es su cónyuge o excónyuge la que contrata con el Estado, cuando en realidad él está detrás del contrato, para intentar deslindar, en apariencia.

Con Qali Warma, se adjudicó inicialmente el 31 de mayo del 2022 a otra compañía que ganó la licitación tras presentar una propuesta económica menor a la del consorcio vinculado a Zegarra. Pero el 27 de junio de ese año se informó a la empresa ganadora que había perdido la buena pro por, supuestamente, no cumplir con la subsanación de observaciones para la firma de contrato.

Al día siguiente, se adjudicó la buena pro a la compañía que había quedado en segundo lugar, el Consorcio A & W Servicios de Limpieza, integrado por la empresa familiar de Zegarra. El contrato se firmó el 25 de julio de ese año.

Welev Servicios Generales obtuvo con el Estado otros contratos entre enero y noviembre de 2022, con los sectores Cultura, Agricultura, Educación, de la Mujer y el Concytec, por S/3 271 920.

El otro directivo del club, Timoteo Flores Ttito, contrató con el Estado mediante una orden de servicios del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 20 de abril del 2022 por S/24 000 por “relacionamiento positivo con dirigentes de organizaciones sociales, campesinas y nativas”.

Flores no era un proveedor habitual del Estado, sino que recién el 15 de marzo de 2022 había conseguido su constancia como proveedor del Estado.

El Comercio señala que voceros de la presidencia de la República negaron que la jefa de Estado haya favorecido a alguien cuando era titular del Midis y vicepresidente, lo cual era de esperarse.

“La señora presidenta (...) no tuvo atribuciones ni participó en ningún proceso de contratación (...); por lo tanto, no ha favorecido al señor Zegarra, a ninguna persona natural o jurídica”, respondieron, según indica el citado diario.

Esa respuesta no resulta convincente, pues en muchos casos de corrupción en el Estado no sólo se encuentran involucardos funcionarios encargados de las contrataciones, sino funcionarios de mayor jerarquía, como directores, ministros y hasta alcaldes y presidentes.

También el Ejecutivo respondió que el vínculo de la presidente con dicho empresario fue “estrictamente en el marco de su función como miembro del consejo directivo del Club Apurímac”.

Por su lado, Zegarra rechazó haber recibido “ayuda” en los contratos suscritos con el Estado y dijo que estaba distanciado de Boluarte por discrepancias en el manejo del club, aunque reconoció que tuvo un vínculo cercano con ella y que la apoyó en su candidatura a la alcaldía de Surquillo.

Timoteo Flores negó haber recibido “ayuda” de  Boluarte y aseguró que fue contratado tras postular a una convocatoria y que renunció dos meses después.