El periodista y editor judicial del diario La República César Romero Calle y su familia fueron sometidos a acciones de seguimiento y video vigilancia en su domicilio y en su desplazamiento público y a su centro de trabajo, seguimientos, que de ser infundado, constituye delitos previstos en el Código Penal del Perú.
Según dicho diario, el espionaje se realizó desde el 5 de abril hasta el 23 de noviembre dl 2023, en la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
También fueron víctimas de dicho seguimiento, perpetrado por la Fiscalía, el director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur Rivera, y probablemente a otros periodistas, actos que fueron ordenados por el entonces fiscal a cargo del primer despacho de la fiscalía corporativa de crimen organizado, Andy Junior Rodríguez Domínguez.
Estos presuntos delitos se camuflaron dentro de la carpeta que contiene una investigación al abogado penalista José Luis Castillo Alva por sus vínculos con la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El inicio de la investigación coincide con los primeros informes periodísticos que cuestionaron las decisiones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas en el Ministerio Público por la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos, la desaparición de su tesis, la falta de precisión en la información entregada a la Junta Nacional de Justicia para su nombramiento como fiscal suprema titular y la difusión de sus llamadas telefónicas con Antonio Camayo y Edwin Oviedo.
“Al margen de los argumentos descabellados del fiscal de Patricia Benavides, como periodista y editor de La República especializado en asuntos judiciales desde el año 1993, mantengo contacto reiterado y frecuente con abogados, fiscales, jueces y procesados por estricto interés informativo”, ha precisado César Romero.
“Una llamada no demuestra nada ilícito, sigue diciendo, como puede atestiguar, por ejemplo, la jueza superior Torre Muñoz, con quien conversé por teléfono cuando ella fue presidenta de la Corte Superior de Tumbes para un evento académico. Al abogado José Luis Castillo Alva lo conozco desde el año 2005 por su trabajo como defensor en múltiples procesos judiciales y como autor de libros de derecho penal que son citados en diferentes sentencias de la Corte Penal Nacional y la Corte Suprema, hasta el día de hoy”.
El periodista recuerda que por la naturaleza de su profesión él debe y tiene que hablar con todos los personajes que forman parte del sistema judicial, en busca de información de interés público o para corroborar algún dato.
“Sí somos, en general, críticos de la labor de jueces y fiscales, pero considerar eso como un indicio de un acto ilícito solo criminaliza la libertad de información. Aquí que no hay nada ilícito que investigar. Lo único que hay es la intención de criminalizar a un periodista y buscar conocer sus fuentes informativas, utilizando los procesos en curso. “Si no estás conmigo, te investigo, te persigo y escucho tus llamadas”, ese es el legado de la administración Benavides y sus partidarios”, sentenció.
