Sigue frenética la actividad del Congreso contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta vez la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de reforma constitucional para la creación de una entidad dedicada a la selección y nombramiento de jueces y fiscales, en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

 

JNJ

La iniciativa que promueve la congresista Gladys Echaiz plantea el nombre de la nueva entidad sería Escuela Nacional de la Magistratura, que sería el “único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal”, de acuerdo con la propuesta legislativa.

Además de la selección y nombramiento, dicha entidad se ocuparía también de la formación y capacitación de los magistrados. En el proyecto se plantea eliminar el proceso de ratificación de jueces y fiscales.

El proyecto plantea también darle rango constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como entidad autónoma pero integrante de la estructura orgánica de cada una de estas instituciones. Se señala que sus jefes serán nombrados por la Escuela Nacional de la Magistratura.

De igual modo, propone crear el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia, a fin de que todas las instituciones que integran este último funcionen administrativamente de manera coordinada y articulada, pero respetando sus propias autonomías.

En total, la iniciativa de Echaíz plantea modificar 15 artículos de la Constitución Política del Perú. Estos son el 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 182 y 183.

Entre otros cambios, establece además que para el cargo de juez supremo es requisito ser mayor de 50 y menor de 75 años de edad. Actualmente la norma solo señala que se debe ser mayor de 45 años.

En cuanto a la Escuela Nacional de la Magistratura, se señala que su órgano de gobierno es el Consejo Directivo y estará conformado por un juez y un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente.

Además, lo integrará un exdirector de las escuelas de postgrado en Derecho de las universidades nacionales con más de 50 años de antigüedad, elegido por sus directores en ejercicio.

Los tres miembros del Consejo Directivo serán elegidos por 5 años, no serán reelegibles y ejercerán el cargo a dedicación exclusiva. Junto con ellos se elegirá también a sus miembros suplentes. Los tres integrantes pueden ser removidos del cargo por causa grave por el Congreso de la República con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros.