El delincuente Alberto Fujimori solicitó al Congreso el pago de su pensión de expresidente, cargo al cual renunció cobardemente vía fax al saber que la justicia lo requería. El sujeto no ha devuelto al Perú el cuantioso latrocinio que perpetró durante su gobierno (por sus robos es considerado el sexto expresidente más corrupto del mundo).
El cabecilla de la banda delincuencial fujimorista tampoco ha pagado la reparación civil al Estado, que tiene leyes tan defectuosas que le permitió la libertad sin que haya pagado. Libertad que además es una burla, porque fingió estar moribundo y ahora hace alarde de capitanear a Fuerza Popular con ambiciones electorales.
El criminal obtuvo la libertad en diciembre del 2023, luego de que el Tribunal Constitucional declarara que el indulto obtenido durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue legítimo.
Para exigir su pensión, Fujimori, a través de su abogado Elio Riera, invoca la Ley 26519.
La Procuraduría General del Estado aclara que la deuda de Fujimori por reparación civil asciende a S/57 millones por los casos de allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de CTS a su exasesor.
