Jorge Prado, representante de la Confederación Campesina del Perú, denuncia el abandono sistemático del agro por parte del Estado. Porque los agroexportadores reciben beneficios mientras que la gran mayoría de agricultores permanece en el olvido, condenados a abandonar sus tierras por la falta de apoyo estatal. Es decir, una reforma agraria neoliberal. —¿Cuál es el estado del diálogo o negociaciones luego del paro del lunes 13?
—Estamos en compás de espera de la instalación de la mesa de diálogo. Se necesita la emisión de un decreto o medida específica por parte del gobierno, que tendría que darse lo más pronto posible. Hay canales de comunicación intentando coordinar esta formalización de la mesa de trabajo para encarar los problemas de manera efectiva.
—La agenda de reclamos es bastante amplia, o integral, ¿podría destacar los puntos más importantes?
—De manera general, pedimos que haya una política pública específica orientada al desarrollo de la pequeña agricultura o agricultura familiar, la que se desarrolla en las comunidades campesinas y nativas. Esta política general tendría que tomar en cuenta la seguridad jurídica de tierra y territorio, con la debida titulación y reconocimiento del status jurídico de nuestros pueblos.
Esto tiene que ver con el respeto a las costumbres y usos de recursos como el agua, que es un aspecto importante y el Estado no siempre lo respeta. En función de esto también está la necesidad de limpieza que exige el agua frente al extractivismo que ha generado graves problemas de contaminación con metales pesados.
—Y esto plantea un conflicto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues si la política nacional principal es extractivista afecta al tema agrario…
—Definitivamente las exigencias que formulamos no dependen solo del Ministerio de Agricultura. Dependen de varios otros ministerios y todo el aparato público en su conjunto. Las normas que exigimos requieren una revisión y una solución de carácter multisectorial.
—El presidente Vizcarra declaró que, en efecto, el agro está olvidado. ¿Cómo toman estas declaraciones?—Todos los voceros de las organizaciones reconocemos esta disposición del Presidente en reconocer el olvido en que está el agro. Un abandono que es dramático y que otros presidentes no han reconocido. El abandono de nuestras actividades económicas genera empobrecimiento y desnutrición creciente en nuestra población.
Este reconocimiento puede servir como punto de partida para encarar los graves problemas que existen; sin embargo, sabemos que el Estado está sometido a quienes detentan el poder real en materia económica en el país.
—¿Cuánto del problema agrario se puede atribuir a la corrupción? ¿Cuánto hay de olvido y cuánto de negación dolosa?
—El olvido del Estado es real, porque tenemos un Estado capturado por el poder económico, y ese es el modelo que hemos tenido durante toda la historia de la República. Sin embargo, este olvido a lo largo del tiempo se repite sistemáticamente a pesar de que en diferentes momentos hacemos presente que cada vez es más insoportable.
El Estado sí tiene políticas públicas para el bienestar de los agroexportadores. Nosotros no estamos en contra de ese apoyo, pero sí pedimos que también existan políticas públicas favorables al 80 por ciento de agricultores, como sucede en otros países. Incluso en países desarrollados la agricultura cuenta con estímulo por parte del Estado.
—¿Que plantean respecto a los TLC que permiten el ingreso de productos subsidiados?
—En la negociación de los TLC las autoridades han tomado decisiones de manera irresponsable sin tomar en cuenta las graves repercusiones sociales y económicas que estas medidas iban a generar.
No se puede mantener la actitud de abandono y desprecio hacia nuestro sector sabiendo que los países con los que se ha firmado los TLC cuentan con medidas de apoyo a su agricultura y su ganadería porque los consideran sectores estratégicos para no depender del mercado externo.
Acá han ido retirando los aranceles que de uno u otro modo permitían defender nuestras producciones de arroz, leche o maíz, ahora ingresan productos subsidiados en sus países de origen y representan una competencia desleal y desigual para nosotros.
—¿Qué opinión tiene de los subsidios de países capitalistas a su producción? ¿El Estado subsidia algo en el Perú?
—El Estado acá solo tiene subsidios para la agroexportación. Y son miles de millones de dólares que van a subsidiar este sector de la agricultura. Nos parece muy bien, pero esto también debe tomarse en cuenta para el 80 por ciento de agricultores, que son la población de nuestros pueblos originarios.
—Y los dueños de empresas agroexportadoras no son necesariamente agricultores por herencia cultural…—Eso nos indica que tenemos un Estado que de manera unilateral apoya a personas que no teniendo como antecedentes las prácticas de la agricultura, sí incursionan en el sector y reciben este apoyo porque es un Estado hecho a su medida.
—Ustedes solicitaron se apruebe la ley sobre la soberanía alimentaria. ¿Podría ampliar este concepto?
—El concepto de la soberanía alimentaria es la necesidad de que la demanda de alimentos sea atendida a partir de nuestra propia experiencia agroalimentaria, que a través de milenios ha permitido el bienestar de nuestro pueblo, y que es valorado en el mundo porque se expresa en la gastronomía y en nuestra cultura alimentaria distintiva.
Esta soberanía alimentaria bien manejada permitiría mejorar el bienestar de nuestros pueblos. Una característica de nuestra agricultura es la diversidad, contraria a la del agroexportador, que busca el monocultivo, y el monocultivo es dañino para la tierra y para la salud de las personas.
—También se ha denunciado que el olvido del tema agrario genera la migración de los campesinos. ¿Cree que esto terminará con las comunidades rematando sus tierras a los empresarios en el futuro?
—Lo que se está generando es la reconcentración de la tierra en pocas manos, reconcentración que había sido resuelta de manera drástica con la reforma agraria. Las políticas de abandono tienen por objeto quitarle a esta actividad la rentabilidad y generar así un creciente proceso de migración del campo a la ciudad, porque el campo ya no es fuente de bienestar para las familias.
Entonces se están abandonando las tierras no porque no sean fértiles sino porque el Estado no presta ningún apoyo para nosotros. Esta política de abandono es fríamente aplicada, y en una etapa reciente desde el Estado se han impulsado políticas de discriminación mediante las cuales nos consideran pueblos de segunda categoría, buscando generar la reconcentración de tierras y el empobrecimiento de nuestros pueblos.
—Un dirigente agrario dijo que si no se produce en el campo, nadie come. ¿Comparte lo dicho respecto a radicalizar la protesta?
—En nuestros pueblos existe cada vez mayor consciencia de que esta situación es insostenible. Desde muchas regiones, como San Martín, llega la exigencia de entrar en un paro indefinido como estrategia para viabilizar la atención a nuestras demandas. Hay una sensación general de hartazgo debido al abandono y definitivamente esto debe cambiar. No hay espacio para más espera.
JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Diario Uno, 23,05.2019
