Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Nacional

Peligra la seguridad energética del país

Hace menos de un año aspirábamos a cambiar la matriz energética hacia usar gas y exportar energía, como gas o electricidad, al sur. Desde entonces, hemos pasado a no tener suficiente electricidad, a carecer de capacidad de transporte de gas y, ahora, a descubrir que tampoco tenemos suficientes reservas de gas natural anunciadas reiteradamente por autoridades y concesionarios, como ocurrió en la reciente APEC, donde dijimos al mundo que el Perú tenía enormes reservas de gas natural.

 


Es público y notorio que se ha negado el abastecimiento del gas de Camisea para nuevas inversiones industriales y generación eléctrica. Ello, porque todo el gas está comprometido. Las reservas y más del 50% de la producción están destinadas a la exportación a México como fruto de una ignominiosa modificación del contrato de Camisea. Se ha cumplido aceleradamente lo que, para evitar que suceda, el Colegio de Ingenieros del Perú, en defensa del bien común, alertó a través de sus comunicados, que aparecen en su página web (www.cip.org.pe).

El éxito del aparato productivo requiere siempre de energía barata, más aún, en circunstancias de una crisis económica. En el Perú lo único que tenemos para lograrlo durante los próximos años es el gas natural destinado a la exportación a México. Lo más afectado será la generación eléctrica, que deberá regresar al uso del diesel en proporción mayor a la que antes existió. Por ello, el componente de combustible en los precios de le energía eléctrica en el Perú, aumentará unas seis veces.

Cualquier análisis que se efectúe a la exportación de gas muestra que ésta es económicamente perjudicial para el Perú y que denota una enorme inequidad: (i) El riesgo de falta de reservas recae sobre el consumidor peruano; (ii) el riesgo de recibir bajos precios por el gas exportado recae sobre el Estado Peruano. Esos contratos fueron consecuencia de modificaciones al marco legal y contratos iniciales que cautelaban la seguridad energética del país; se modificaron en un periodo donde importantes decisiones estatales involucraron a funcionarios vinculados a las empresas interesadas.

Ante tal panorama, el Colegio de Ingenieros del Perú opina que:
  • El gobierno no debe eludir su responsabilidad aduciendo que el mercado y los agentes resuelvan la situación. Por el contrario, debe hacer valer la prioridad que le corresponde por ley al mercado interno en el consumo del gas natural.
  • Se debe certificar —mediante un tercero calificado— las reservas de gas, la capacidad de producción de los yacimientos y las capacidades de procesamiento y transporte de las instalaciones.
  • El Congreso y la CGR deben revisar el proceso que llevó a modificar los contratos del gas para propiciar su exportación. Así, como verificar la validez de dichos contratos pues se incumplió lo dispuesto por la Ley 27133, haciéndolos lesivos a los intereses de la nación.
  • Se debe restablecer la versión inicial del Art. 4.° literal “a”, de la Ley 27133 y fijarse además un horizonte permanente mínimo de 20 años de reservas como criterio de seguridad energética.
  • Se debe establecer la paridad de exportación como precio referencial de los hidrocarburos producidos por el país para el mercado interno.
  • Si las futuras reservas permitiesen la exportación, no se deberá aceptar precios de exportación menores a los del mercado interno a efectos de calcular los pagos de regalías e impuesto a la renta.
  • El otorgamiento de servidumbres para transporte de gas debe implicar la condición de Acceso Abierto (“Open Access”).
  • Petroperú debe tener el mismo trato que Brasil, Colombia y Chile dan a sus empresas petroleras estatales.

Ing. Carlos Herrera Descalzi
Decano Nacional
Ing. Ana Biondi Shaw
Directora Secretaria General

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