¡¡ Defendamos la Vida, la Diversidad de Culturas y la Visión de Desarrollo Sostenible de los pueblos!!
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1.- En pleno siglo XXI; nadie puede poner en tela de juicio que el objetivo superior de las constituciones de estado, normas, políticas, programas y proyectos es la persona humana.
2.- Ningún tratado, convenio, TLC, Ley; puede anteponer objetivos subalternos o mercantilistas; a los procesos de desarrollo sostenible que democráticamente promuevan los pueblos, las regiones y países.
3.- Los países y estados democráticos, son aquellos donde se respetan plenamente los derechos humanos y se construyen propuestas de desarrollo sostenible consensuadas, donde la diversidad de razas, culturas, idiomas, religiones y eco-regiones; solo pueden enriquecer las propuestas y procesos que generen mejores condiciones y calidad de vida para las pueblos. La condición del Perú como país megadiverso y pluricultural, no solo puede ser una etiqueta o un clisé para los discursos, sino una práctica real y compromiso permanente favorable a la diversidad, y a los pueblos que la sostienen con su quehacer diario.
4.- Por ello, nos indigna que, ante los graves sucesos ocurridos en Bagua y el consiguiente derramamiento de sangre de nativos y policías, el Presidente de la República, el Primer Ministro y la Ministra del Interior; lejos de aceptar su responsabilidad por no encarar y resolver oportunamente el conflicto, distorsionen los hechos y en una condenable actitud racista, quieran presentar a los pobladores de las comunidades nativas de la selva como “ignorantes”, “salvajes”, “manipulados”, “asesinos”, “terroristas” y otros inaceptables calificativos; que solo desnuda una falta total de conocimiento sobre la cultura y racionalidad del mundo indígena y amazónico.
5.- Llamamos al Congreso de la República y al Consejo de Ministros, a asumir su verdadera responsabilidad política y funcional; dejando sin efecto los inconstitucionales decretos legislativos como el 1090 cuestionados por las Defensoría del Pueblo y la propia Comisión de Constitución; iniciando de inmediato un amplio proceso de debate con plena participación de las organizaciones representativas de la sociedad civil, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; que permitan llegar a consensos, obteniendo normas que garanticen el desarrollo sostenible de los comunidades nativas de la Amazonía y de las comunidades campesinas y de la sociedad peruana en general.
6.- Proponemos que en adelante toda norma que comprometa a los distintos sectores de la sociedad, no solo sea sometida en el Congreso a parametradas evaluaciones de costo/beneficio que privilegian componendas y operaciones mercantilistas; sino necesariamente sean consultadas a la población y evaluadas bajo criterios que exigen la nueva realidad global económica, social y del irremediable proceso de cambio climático; donde la visión de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y la convivencia armoniosa con el medio ambiente sean determinantes.
3.- Los países y estados democráticos, son aquellos donde se respetan plenamente los derechos humanos y se construyen propuestas de desarrollo sostenible consensuadas, donde la diversidad de razas, culturas, idiomas, religiones y eco-regiones; solo pueden enriquecer las propuestas y procesos que generen mejores condiciones y calidad de vida para las pueblos. La condición del Perú como país megadiverso y pluricultural, no solo puede ser una etiqueta o un clisé para los discursos, sino una práctica real y compromiso permanente favorable a la diversidad, y a los pueblos que la sostienen con su quehacer diario.
4.- Por ello, nos indigna que, ante los graves sucesos ocurridos en Bagua y el consiguiente derramamiento de sangre de nativos y policías, el Presidente de la República, el Primer Ministro y la Ministra del Interior; lejos de aceptar su responsabilidad por no encarar y resolver oportunamente el conflicto, distorsionen los hechos y en una condenable actitud racista, quieran presentar a los pobladores de las comunidades nativas de la selva como “ignorantes”, “salvajes”, “manipulados”, “asesinos”, “terroristas” y otros inaceptables calificativos; que solo desnuda una falta total de conocimiento sobre la cultura y racionalidad del mundo indígena y amazónico.
5.- Llamamos al Congreso de la República y al Consejo de Ministros, a asumir su verdadera responsabilidad política y funcional; dejando sin efecto los inconstitucionales decretos legislativos como el 1090 cuestionados por las Defensoría del Pueblo y la propia Comisión de Constitución; iniciando de inmediato un amplio proceso de debate con plena participación de las organizaciones representativas de la sociedad civil, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; que permitan llegar a consensos, obteniendo normas que garanticen el desarrollo sostenible de los comunidades nativas de la Amazonía y de las comunidades campesinas y de la sociedad peruana en general.
6.- Proponemos que en adelante toda norma que comprometa a los distintos sectores de la sociedad, no solo sea sometida en el Congreso a parametradas evaluaciones de costo/beneficio que privilegian componendas y operaciones mercantilistas; sino necesariamente sean consultadas a la población y evaluadas bajo criterios que exigen la nueva realidad global económica, social y del irremediable proceso de cambio climático; donde la visión de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y la convivencia armoniosa con el medio ambiente sean determinantes.
Comité Directivo ALDEHUS
