Por Gonzalo Fernández Montagne

Hace treinta años, ciudadanos de Perú y Chile se pusieron de acuerdo para hacer un llamado a la paz definitiva entre nuestros países y manifestaron que nuestro enemigo común era el hambre, la ignorancia, la desocupación, la falta de democracia y de libertad. Después de tanto tiempo transcurrido, el hecho ha sido recordado hace pocos días por un grupo de personalidades peruanas y chilenas que se pusieron de acuerdo para que, ahora sí, demos un paso positivo en nuestras relaciones y salgamos de una vez por todas de la mentalidad del siglo XIX que ha enturbiado nuestro trato, y entremos de lleno en una mirada propia del siglo XXI: una mirada solidaria, con proyecto de futuro, que contemple una verdadera integración cultural, científica y económica.

En este acuerdo de ciudadanos peruanos y chilenos se ha puesto de manifiesto que la próxima sentencia del Tribunal de La Haya es una oportunidad para dar un paso positivo en nuestras relaciones, en lugar de ser motivo de reservas, reticencias y rumores innecesarios y visión estrecha; una oportunidad para impedir que la experiencia de un pasado de discordias y desconfianzas paralice nuestras mejores iniciativas y, por el contrario, para que se consolide un proceso firme y pleno de desarrollo democrático y económico en nuestros países.

Al respecto, conviene precisar que el actual litigio por límites marítimos con Chile tiene un origen remoto en la guerra de despojo que este país declarara en 1879 al Perú y a Bolivia, de ingrata recordación, de la que se derivó que se convirtieran en nuestros vecinos por medio del tratado de límites vigente, en su momento mañosamente demorado y deformado. Derivado de esa situación, la no existencia de un Tratado específico de Límites Marítimos conforme al actual derecho del mar ha inducido al Gobierno del Perú a encauzar el mencionado litigio ante la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya, Holanda, dentro de las normas del derecho internacional.

Cauce que el Perú ha preferido que sea aquel por el que se debe conducir nuestro diferendo, en concordancia con los objetivos de la política de relaciones exteriores de nuestro país, de respeto, integración, colaboración y paz entre las naciones, y consecuente con el propósito de que los recursos económicos sirvan para atender debidamente lo que los ciudadanos del mundo y en particular los del Perú reclaman del Estado, que es mejorar su calidad de vida en forma sostenida y en paz, dentro de un proceso orientado al desarrollo de sus respectivas naciones.

Sin embargo, las siempre inoportunas manifestaciones de las autoridades chilenas nos han traído a la memoria los hechos del pasado de ingrata recordación, al señalar ellas mismas que en la lucha de las naciones por la supervivencia no hay espacio para la ingenuidad, la simpatía, la hermandad o la sensibilidad. Destacan además que, desde el comienzo de la historia de la humanidad, ha quedado demostrado que los pueblos débiles están condenados a sucumbir ante los más fuertes y que, en consecuencia, es necesario mantener unas FF. AA. bien equipadas y eficientes como lo ha demostrado tradicionalmente Chile.

Estas lamentables y prepotentes declaraciones hechas en la circunstancia de estar litigando por una discrepancia territorial de carácter marítimo parecen ser un anuncio de las posibilidades de conflicto debido justamente a la arrogancia y a la actitud belicista actual y pasada de ese país, que se manifiestan no solo en las declaraciones que permanentemente hacen ante la comunidad internacional, sino en el absurdo y desproporcionado armamentismo que forman parte de la política tradicional de los gobernantes chilenos, en contradicción con la pertinencia y buena voluntad de lo expresado en esta y en varias oportunidades por ciudadanos de ambos países, y como forma poco civilizada de perturbar el panorama de nuestras relaciones.

No debemos olvidar que el 25 de febrero del presente año, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión en el Palacio de la Moneda con los Comandantes en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuentes-Alba; de la Armada, almirante Edmundo Gonzales y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Rojas, en el que tuvieron en consideración para el análisis efectuado, la “Apreciación de Inteligencia Estratégica” formulada por la División de Análisis y Planificación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

“Según se desprende de lo expresado, la estrategia militar está estrechamente condicionada por la política. La política nacional decide y la estrategia militar obedece; la primera traza la orientación y designa el objetivo que debe alcanzarse; la segunda, emplea la fuerza de acuerdo a la orientación impartida, para alcanzar el objetivo impuesto por la victoria de las armas o la amenaza de su empleo”.

“El motivo del encuentro fue analizar y evaluar los posibles escenarios que, se considera, surgirán en el 2012/2013 en su relación con PERU cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su sentencia sobre el DIFERENDO MARITIMO existente entre ambos países”. Nos encontramos pues, al igual que en el siglo XIX, en la situación de querer pensar en lo remoto y mejor aún, en lo imposible, que debería ser un enfrentamiento bélico entre países “amigos”; pero el contenido del vigente Plan Estratégico de Defensa de Chile y nuestra propia historia nos recuerdan situaciones adversas y resultados amargos ocurridos por falta de previsión.

“Bajo la tesis denominada HV3 (Hipótesis Vecinal 3), las Fuerzas Armadas de Chile se encuentran operativamente en la capacidad de poder enfrentar de manera simultánea a las de Argentina, Bolivia y PERU —vaya psicosis compulsiva—, y con tal finalidad han creado el “centro de entrenamiento conjunto norte” en las instalaciones del “fuerte Condell” en Iquique, sector Punta Gruesa. El centro de gravedad de sus fuerzas armadas es el “teatro de operaciones del norte” en la frontera con el PERU, donde el dispositivo y composición de sus respectivas fuerzas conjuntas están dirigidos a actuar sobre determinados objetivos ubicados en el territorio PERUANO”.

De otro lado, Chile mantiene una actitud política respaldada por su fuerza armada, no de integración sino de usurpación —tal como fue en el pasado—, con la finalidad de conseguir por cualquier medio y a cualquier precio los recursos naturales que necesitan y que nosotros tenemos, especialmente agua y energía. Actitud que fue puesta de manifiesto por Pinochet cuando dijo que los chilenos podían invertir con toda tranquilidad en nuestro país porque de la seguridad de esas inversiones ellos, las fuerzas armadas, se encargarían. Lo que tiene relación con los escritos sobre geopolítica del mismo Pinochet así como con los estrechos vínculos mantenidos por Chile con los centros de poder y dominación mundial a lo largo de su historia, empezando por la Gran Bretaña, de la cual se sirvió en la guerra del Pacífico y a la cual sirvió de portaviones y de informador —léase espía— en la guerra por las Islas Malvinas.

Otro asunto a considerar seriamente entre nuestras previsiones es el interés de los centros —o centro— de poder internacional por el control y usufructo de los recursos naturales, además de las vías de comunicación para el tránsito de mercancías de todo tipo y condición; para lo cual se debe tener en cuenta la relación entre aliados probadamente confiables en la defensa de estos intereses o proclives a participar felices en la cola del León y ya sabemos cómo juega Chile. En lo que se refiere al cumplimiento de tratados o disposiciones de organismos internacionales como la ONU, basta con observar lo que pasa en el Oriente Medio y la actitud de las grandes potencias.

Esta situación y las enseñanzas de la historia nos permiten deducir que el desarme unilateral y las grandes diferencias en el poder combatiente relativo frente a un país vecino como el chileno, en lugar de asegurar la convivencia pacífica, son una invitación a la agresión. Razón por la cual, sin entrar en una carrera armamentista, es urgente que el Perú cuente, por lo menos, con una capacidad disuasiva adecuada a las circunstancias; lo que motivó el pronunciamiento del Grupo Basadre publicado en el diario La República el día jueves 26 de julio.

La privilegiada situación geográfica del Perú y sus importantes recursos naturales son características del potencial de crecimiento de nuestro país y facilitan las inversiones nacionales y foráneas, condiciones estas que nos obligan a contar con los medios para hacer respetar nuestra jurisdicción y soberanía frente a intereses de terceros. Sin embargo, hasta donde es posible saber, el Perú carece hoy como ayer de recursos suficientes para enfrentar eventualmente una nueva guerra de despojo, lo que obliga al gobierno a poner la debida atención a este asunto y nos hace pensar que así lo debe estar haciendo.

En efecto, en la década de los 90 se puso en evidencia durante el conflicto del Cenepa la falta de una debida atención a nuestras FF. AA., y esta situación ha continuado con los diferentes gobiernos causando que su actual equipamiento sea, en su mayoría, obsoleto y nos sitúe en condiciones de indefensión frente al moderno y ofensivo armamento chileno que, como se ha señalado, el país vecino ha ubicado en forma insolente y arrogante como una amenaza latente hacia el Perú.

Ante esta crítica situación es necesario ser conscientes de que la defensa y el desarrollo de un país son dos caras de la misma moneda y, en consecuencia, que la defensa de nuestra nación solo será posible mediante la potenciación de nuestras fuerzas armadas y el desarrollo nacional. Por lo tanto, resulta imprescindible la recuperación del nivel disuasivo de nuestras Fuerzas Armadas mediante la renovación del material, el reforzamiento de la moral de sus miembros a través de su debido entrenamiento y la recuperación de sus haberes a los estándares de la región, por medio de acciones prácticas derivadas del debido uso de las previsiones presupuestales correspondientes.

Al mismo tiempo, y según lo manifestado, es vital para nuestra nación orientar los beneficios del crecimiento económico al mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos y dirigir la acción del Estado al bien común, mediante la búsqueda sincera, honesta y sostenida de las condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades, en armonía, con valores democráticos, con justicia y en paz.

 

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