Natale AmprimoPor Rocío Ferrel

Ante las denuncias de encubrimiento, omisión de denuncia y obstrucción de la justicia, contra el cardenal Juan Luis Cipriani, el abogado Natale Amprimo salió a defenderlo alegando que se trata de una campaña contra el Arzobispo de Lima.

 

Amprimo se preguntó por qué las víctimas no denunciaron los delitos a la justicia peruana en RPP. Añadió que el Tribunal Eclesiástico, cuyo moderador es Cipriani, no denunció porque las víctimas no querían que se divulgara estos hechos.

De esta forma Amprimo no sólo intenta sorprender a la opinión pública, sino que por proteger a su defendido no duda en promover públicamente que otros hagan lo mismo, es decir encubrir con el pretexto de que las víctimas no querían publicidad de los delitos.

En primer lugar, no está probado que las víctimas exigieran secreto, pues a varios de ellos los hemos visto declarar en la prensa.

En el supuesto negado de que las familias de las víctimas hayan exigido discreción, esto se hubiera manejado con la Fiscalía para guardar las reservas del caso. Eso no quiere decir que por la reserva las autoridades eclesiásticas estuviesen eximidas de denunciar el hecho a las autoridades peruanas.

¿Si se comete un asesinato o una violación en una universidad, por ejemplo, están las autoridades exoneradas de reportar los hechos a las autoridades para realizar las investigaciones del caso? No. Del mismo modo, las autoridades de la Iglesia Católica estaban obligadas a poner el caso en manos de las autoridades peruanas, ya sea la Policía o la Fiscalía.

Incluso es archiconocido para los profesionales de la criminalística que los violadores amenazan a sus víctimas para que guarden silencio, exigen secreto. No porque una víctima pida secreto se va a impedir una investigación regular, en forma, con todas las armas que las instituciones y la ley poseen.

Esperemos que el Colegio de Abogados se pronuncie sobre la vergonzosa conducta de Natale Amprimo, pues por proteger un presunto encubrimiento de violaciones sexuales está promoviendo la impunidad para los violadores al querer validar la omisión de denuncia con el pretexto de la discreción.

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