Herbert Mujica Rojas

El diplomático Fortunato Quesada aceptó charlar con Diario Uno y responder a un cuestionario firme y directo.

 

fortunato quesada 2

 

Tal parece que usted tiene la suerte algo en contra, ¿es así embajador Quesada?

“En Cancillería –y debo decirlo con inmensa pena pero también con indignación— tiene poder, poder imbatible hasta hoy, una argolla cuyos dictámenes, decisiones y caprichos no pueden ser parados por una administración sometida y atemorizada”.

No son pocas las publicaciones periodísticas, en Diario Uno suman algo más de una decena los informes y ninguno fue rebatido o aclarado. ¿No interesa la verdad de los hechos en su institución?

“Mi preocupación más delicada se refiere al personal diplomático que pudiera ser objeto del mismo abuso de que fui víctima. Entonces ¿cuál el profesionalismo en la carrera si en cualquier momento, las vacas sagradas determinan el colapso total y el fracaso de un proyecto de vida por sus caprichos, veleidades, resentimientos, venganzas. ¡Ni hablar de los administrativos a los que a veces se trata con mayor desconsideración y desdén”.

Vayamos a su caso para puntualizar y que no se tomen sus expresiones como puro resentimiento o frustración. ¿Le parece correcto?

“Bien. Procuraré hacer una síntesis. Hubo violación del debido proceso pues no hubo presunción de inocencia, de imparcialidad, de neutralidad, de proporcionalidad. Se me destituyó por grabaciones ilegales, hechas violando mis derechos constitucionales y de mi privacidad. El canciller Popolizio y el viceministro de Zela conocían aquéllas desde mayo de 2018 y se convirtieron en juez y parte. Todo mi proceso estuvo viciado desde su inicio porque estaba programado al milímetro”, subrayó Quesada.

—¿Cuáles son las pruebas?

El chofer de la embajada proporcionó los chats de coordinación de las grabaciones ilegales por su propia voluntad, así como el contacto con la prensa peruana. El chofer renunció ante esta farsa.

Los audios dados por el cocinero, motu proprio, que detallan las coordinaciones entre Rubín y él mismo para grabarme por indicaciones de Lima.

Los 31 folios que Rubín entregó en octubre de 2020, al verse suspendido, donde se detalla sin lugar a dudas, toda la meticulosa preparación del acto doloso para realizar un escándalo mediático prefabricado.

Por último, el informe técnico de la Oficina de Recursos Humanos de la Cancillería, No. 011 de diciembre de 2020 donde se encuentra responsabilidad en el canciller Popolizio y el viceministro de Zela.

—Todo ese conjunto de documentos ¿probarían la componenda o complot contra usted?

“Hay más que suficientes elementos de convicción que demuestran que la conspiración existió el 2018 y las suspensiones de Boza y Rubín lo prueban. Había una clara motivación y arbitrariedad por parte del viceministro de Zela y del canciller Popolizio de liquidarme de antemano.

Debo subrayar que aquí se sienta un nefasto precedente que atenta contra la institucionalidad de la Cancillería, de la justicia y pone en riesgo la estabilidad del propio servicio diplomático al comprobarse la degradación de los procesos disciplinarios.”

—O sea que ¿los operadores fueron muy útiles?

Boza y Rubín fueron utilizados por de Zela y Popolizio, en base a la carrera jerarquizada y a un mal concepto de la obediencia debida.

—¿Y hasta hoy no hay ni una sola enmienda o reparación sobre su caso?

“Toda institución que tiene su sistema de justicia que al comprobarse que existió una estrategia perversa, conspiración o componenda –los nombres pueden variar— debe proceder a corregir dicho error que está totalmente comprobado. Si hay capacidad de sancionar erróneamente, debe haber humildad de enmendar dicha equivocación.”

—¿Qué le diría al titular ratificado de RREE, César Landa?

El canciller Landa no puede ni debe, al ser un jurista y ex presidente del Tribunal Constitucional, no aplicar la justicia que él estudio para impartir. Mas aún en este caso que está probado que hubo conspiración contra un funcionario, violando el estado constitucional de Derecho y, a todas luces, el debido proceso. La política de no actuar ante todas las pruebas que conoce, lo convertirían en cómplice de un acto doloso, que ha dañado la imagen y prestigio de la Cancillería y que debe terminar por el bien de Torre Tagle.

02.11.2022

 

Diario Uno